El Consell de Mallorca ha decidido poner en marcha el llamado Plan de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) que, bajo ese nombre un tanto esotérico y rimbombante, detallará las normas aplicables a la oferta en alquiler de viviendas en suelo rústico. La iniciativa es del todo plausible por varias razones. El principal motivo que anima a los partidos integrantes del Pacto de Progreso a sacar adelante el PIAT es su intención de evitar un crecimiento desmedido de la oferta turística rural, cosa que está muy bien porque conviene que escarmentemos a tiempo de los errores cometidos a la hora de querer legislar acerca del alquiler turístico en general, dando paso a la situación kafkiana a la que este diario ha dedicado muchas páginas. Merece la pena proteger el campo, y también aprovechar su tirón como oferta vacacional atractiva para unos turistas bien diferentes de los que inundan los hoteles masificados. Pero de lo que no cabe duda es de la necesidad de regular el turismo rural con normas claras y estables para no crear un vacío legislativo más como los que en tantas ocasiones arruinan a quienes se animan a invertir sus ahorros.
El campo mallorquín es, a mi entender, el tesoro que debemos conservar como lo que es: la última perla de lo que fue en tiempos esta isla, ese destino que enamoraba a los viajeros y convirtió a muchos de ellos en residentes. Ahora que ya nos hemos cargado de forma irreversible la mayor parte de la costa a beneficio de los dueños megamillonarios de unas cuantas cadenas hoteleras gigantescas, no deberíamos abandonar a su suerte lo que queda aún con el sabor de antaño.
La amenaza está ahí, como sucede siempre que se anuncia la puesta en marcha de medidas restrictivas (por cierto, ¿aprenderán alguna vez nuestras autoridades a legislar deprisa y con cierta discreción mientras toman las decisiones más importantes?). Tiene gracia que el peligro haya podido ser detectado por la abundancia de solicitudes de piscinas en suelo rústico; imagino que hay otros medios pero éste basta para que salten las alarmas. Y si la solución consiste en resignarse a que de las 42.000 nuevas plazas turísticas toleradas en Mallorca la gran mayoría redunde en una mayor masificación urbana, bienvenida sea en la medida en que el campo saldrá beneficiado. Pero siempre que se mantenga su condición rural, a mi juicio incompatible con la proliferación de chalets con piscina. Semejantes viviendas en alquiler suponen urbanizar el campo, no protegerlo; quienes buscan casas rurales de verdad quieren otra cosa. Así que harían bien los redactores del PIAT en tener las cosas claras, no vaya a ser que con la moda actual de tomar el rábano por las hojas haya quien se sienta legitimado a declararse libre de la obediencia a la ley, invoque la legitimidad de su derecho a decidir y opte por levantar piscinas allí donde debería haber como mucho aljibes, y chalets sujetos a la moda ibicenca en vez de casas de piedra y adobe como han sido siempre las rurales. Eso ha sucedido, de hecho, tantas veces merced a la picaresca urbanística —recuérdense las célebres licencias para reformar casas de aperos— que es necesario impedirlo de cuajo ahora. Saque, pues, cuanto antes el PIAT el Consell de Mallorca y tal vez así aprenda por fin que las normas y las leyes protegen a todos a cambio de obligar también a todos a cumplirlas. No lo digo por nada.
