El juez Penalva ha iniciado una nueva línea de investigación porque sospecha que el empresario Bartolomé Cursach, que en estos momentos está en prisión, también se aprovechaba de sus privilegiados contactos en la conselleria de Turismo para conseguir un trato de favor para acelerar las autorizaciones que le permiten explotar sus negocios turísticos. Estas sospechas de los investigadores, que aparecen claramente reflejadas en el auto de prisión del empresario, se basan en las conversaciones telefónicas que fueron intervenidas por la Policía y que aparecen descritas en el sumario, cuyo secreto ha sido levantado por el magistrado.
Tres nombres son los que aparecen implicados en el caso. Uno de ellos es Pilar Carbonell, actual directora general de la conselleria de Turismo y una de las personas más próximas al conseller Barceló. Aunque Carbonell no aparece en ninguna conversación, otros protagonistas de la trama hablan de ella y aseguran que se habría comprometido a acelerar las inspecciones de uno de los negocios de Cursach, ya que parece que tiene mucho interés en resolver este tema, entre otras cosas, porque el local carece de las correspondientes autorizaciones. En concreto, las personas que mencionan el nombre de Carbonell son Bartolomé Sbert, alto ejecutivo del Grupo Cursach, y Bernardino Seguí, arquitecto de la conselleria de Turismo, que era el responsable de dirigir la inspección técnica que se debía realizar en el Megapark para conseguir la licencia que debía otorgarle la conselleria.
Las conversaciones telefónicas denotan el alto grado de confianza que mantienen Sbert y Seguí, y por ello los investigadores sospechan que el funcionario podría haberse aprovechado de su cargo en la conselleria de Turismo para beneficiar a los negocios de Cursach. Estas llamadas telefónicas se sitúan en el mes de mayo del pasado año, tal como se indica en el auto judicial.
Hace pocas semanas el juez llamó a declarar como investigado al arquitecto de la conselleria, que se negó a contestar a las preguntas. A la directora general, de momento no se la ha llamado a declarar, pero se está estudiando hacerlo en breve, si bien no se sabe en calidad de qué, es decir, como investigada o testigo.
Inspección
En las conversaciones telefónicas aparece un tercer personaje también relacionado con la conselleria de Turismo. Se trata del que fuera jefe de la inspección, José Francisco Enseñat, que es la misma persona que está imputada en el llamado caso Rocamar. Enseñat, como también se recoge el auto del juez, mantuvo una conversación telefónica, que fue grabada por la Policía, con Sbert, en referencia a una inspección rutinaria que se tenía que realizar en el hotel que Cursach explota en Calvià. Habitualmente estas inspecciones son por sorpresa, pero en el caso del empresario no se ha actuado de la misma manera. El jefe de la inspección le propone a Sbert una determinada fecha, en el mes de mayo, para realizar una inspección en el hotel. De hecho, el ejecutivo de Cursach le indica que está conforme con esta fecha, entre otras cosas, porque el hotel "ya estaría rodado", es decir, ya llevaría varias semanas de actividad. Enseñat le comunicó que él estaba de baja por razones médicas, pero se comprometía a avisar a otras inspectoras. También le indica que él también acudiría a esta visita, si bien parece que finalmente no fue. El jefe de la inspección también fue llamado a declarar hace unas semanas, en la fase secreta de la investigación, y confirmó que se realizaban estas inspecciones a la carta a Cursach. Es decir, confesó el trato de favor que recibía el empresario con respecto a otros competidores.
Día y hora
Otra grabación, que aparece descrita en el auto, demuestra también que desde la conselleria de Turismo se avisó al grupo Cursach para indicarle el día y hora que se iba a realizar una inspección en la abadía de la Playa de Palma. Quien llamó era otra funcionaria, que tenía que comprobar una denuncia, por un desacuerdo en el precio de unas consumiciones que habían presentado dos turistas.
Los investigadores están convencidos de que el magnate de la noche ha venido disfrutando de un trato privilegiado en todas las administraciones que intervienen en las autorizaciones que necesitan sus negocios. Además de controlar a la Policía Local, tanto de Palma como en Calvià, el empresario extendía su influencia en departamentos administrativos clave para obtener licencias en sus negocios de ocio.
El sumario de la trama policial también incluye un amplio estudio sobre las sanciones impuestas a los negocios de Cursach y las compara con sus competidores, sobre todo en la zona de Calvià. El informe demuestra la clara diferencia a la hora de sancionar y, sobre todo, denuncia la facilidad con la que el empresario conseguía que muchas de estas multas económicas se perdieran, de tal forma que nunca las llegaba a pagar. De hecho, de los casi 600.000 euros en multas que le imponen al empresario, sobre todo por la actividad de los tiqueteros, el grupo apenas paga al Ayuntamiento un diez por ciento de estas sanciones.
Seguirá en prisión
Por otra parte, el juez Penalva ha vuelto a denegar la puesta en libertad de Bartolomé Sbert, como reclamaba su defensa. Es la segunda vez que el alto ejecutivo del grupo de ocio solicitaba al juez que le permita abandonar la cárcel. Sin embargo, el magistrado rechaza esta propuesta por la gravedad de los delitos.
