Obligan a que una niña regrese a Hungría para que esté con su padre

Los jueces de Palma han tenido que resolver un conflicto familiar de una pareja separada, ambos de nacionalidad húngara, que decidieron romper su relación tras tener una hija en común.

El padre de esta menor tuvo que pedir ayuda a las autoridades judiciales de Budapest, su ciudad de residencia, debido a que su exmujer había abandonado el país y se había ido con su hija, sin tener una sola noticia de la menor. Después facilitó más información, ya que averiguó que su expareja se había vuelto a casar y había establecido su residencia en Mallorca. La niña, que ahora tiene nueve años, vivía con su madre.

El hombre, a pesar de la larga ausencia de su hija, no renunció en ningún momento a la relación con la niña y logró el apoyo de los jueces de su país. Un juzgado de Budapest, en el mes de mayo del año pasado dictó una resolución que daba la razón al padre, frente a la madre de la menor. El juez estableció que la niña, que hacía un año que no veía a su padre, debía residir en Hungría, donde vivía el hombre, al menos hasta que se estableciera una resolución definitiva sobre el conflicto que mantenían sus padres. Esta decisión obligaba, por tanto, a la madre a regresar a su país en un plazo de ocho días. Y para consolidar la progresión de la menor, la madre debía justificar ante el juez que al regresar a su país había escolarizado a su hija.

Esta decisión del juez húngaro fue comunicado a la madre, que hizo caso omiso a la orden judicial. En vez de regresar a su país, lo que hizo fue acudir a un abogado y presentar ante los juzgados de Palma una demanda para conseguir que se anulara la orden que le obligaba a regresar a su país.

Entre los argumentos para evitar la entrega de la menor a su padre, la mujer alegó que había denunciado a su expareja por malos tratos, tanto en su país, como después en Mallorca. Y consideraba que debía suspenderse el cumplimiento de la orden de regreso, al menos, hasta que se resolviera dicha denuncia por agresión.

No fue la única excusa que expuso la mujer. Explicó que la niña acudía al colegio de Mallorca y se había integrado sin ningún problema. Señaló también que la menor llevaba una vida mucho más ordenada que la que tenía en Hungría, y acusó al padre de haberse desentendido de los gastos de la menor, dado que había dejado de pagar la pensión de alimentos.

La madre insistió también en que no se negaba a la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el régimen de visitas, pero exigía que primero se escuchara a la menor y también al equipo psicosocial del propio juzgado de Palma.

Para encontrar una solución a este conflicto familiar en el que han intervenido jueces de distintos países, el tribunal de la Audiencia de Palma ha tenido que interpretar un reglamento europeo que resuelve estos conflictos. Esta norma dispone que "las resoluciones (judiciales) dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno". Es decir, los jueces de España están obligados a que se cumplan las resoluciones que dictan otros tribunales de países de la Unión Europea.

Esta norma europea también acepta excepciones, como por ejemplo que la resolución del juez fuera "manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro requerido", teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor.

Los jueces de la Audiencia de Palma interpretan que el hecho de que la mujer haya denunciado a su expareja por malos tratos, hecho por el que todavía no existe una sentencia y por tanto el padre no ha sido condenado, no es motivo para que no se cumpla la orden del juez de Hungría.

La Audiencia avisa a la mujer que debe cumplir esta orden judicial en un plazo de ocho días y que si no lo hace puede incurrir en un delito de desobediencia. Además, ordena que sea el juzgado de violencia contra la mujer de Palma, que investiga la denuncia por malos tratos, el que ordene la ejecución de esta sentencia.