El Govern balear ha iniciado los trámites para desahuciar a 14 familias que actualmente ocupan viviendas públicas del Ibavi al negarse éstas de forma categórica a negociar algún tipo de solución para afrontar la deuda que acumulan a causa del impago del alquiler. El conseller de Territorio, Marc Pons, subrayó ayer que se trata de situaciones de carácter excepcional protagonizadas por inquilinos que en muchos casos muestran "actitudes agresivas", acumulan denuncias del resto de vecinos por molestias y que han llegado a conectarse a la red eléctrica comunitaria con consumos de luz y de agua "espectaculares", lo que lleva a especular con una actividad vinculada a la producción de droga.

Marc Pons recordó que el anterior Ejecutivo de José Ramón Bauzá abandonó cualquier tipo de control sobre el pago de los alquileres en las 1.805 viviendas titularidad del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), lo que supuso que al ver muchos inquilinos que no se exigían las rentas, dejaran de pagarlas. Al inicio de la actual legislatura, había 822 familias morosas, cuando unas 2.000 están en lista de espera para poder acceder a uno de estos inmuebles.

El actual equipo de la Conselleria decidió ponerse en contacto con esos 822 inquilinos que no pagaban, lo que ha conseguido ya con 236 de ellos. De estos últimos, 64 han reconocido que pueden hacer frente al alquiler (pese a que debían entre 15 y 20 mensualidades) y se ha negociado un plan para saldar la deuda, que en estos casos ascendía a unos 240.000 euros en conjunto.

Otras 62 familias han demostrando que no podían hacer frente al abono de los 200 a 250 euros mensuales en los que se mueven la mayoría de alquileres del Ibavi, por lo que se ha negociado con ellos una rebaja de esa renta de forma que en ningún caso supere el 30% de sus ingresos, sin que tampoco baje del 20%, lo que ha llevado a que en algunos casos ésta pase a ser de 20 euros mensuales.

Otros 53 casos consisten en "auténticos dramas familiares", con situaciones en las que una persona enferma tiene además a su cargo a algún familiar con discapacidad. Para este grupo, lo que se está haciendo es ponerlo en manos de los Servicios Sociales y que, además de la ayuda correspondiente, éstos puedan asumir los alquileres, que en los casos más graves se han dejado por debajo incluso de los 10 euros al mes.

Hay otras 43 familias con las que en estos momentos se está negociando un acuerdo para afrontar la deuda que han acumulado.

Pero el conseller subrayó que hay 14 casos en los que el inquilino se ha negado en redondo a abordar cualquier posible solución para hacer frente al pago de su alquiler, algo que según el conseller resulta intolerable si se tiene en cuenta la enorme lista de espera que existe para poder acceder a alguna de estas viviendas.

Marc Pons advirtió que se trata de casos en los que algunos de estas personas muestran una actitud agresiva y que acumulan denuncias de la comunidad de vecinos por las molestias que generan, con alguna situación detectada en la que se ha enganchado a la red eléctrica comunitaria para generar facturas de hasta 1.000 euros mensuales y con consumos de agua "espectaculares", lo que se señala como un indicio de que se podrían estar produciendo droga. También se ha visto que algún vecino que acumula 30.000 euros de deuda, cuelga en su facebook fotos de viajes al extranjero.

En estos casos, lo que se ha hecho es iniciar los trámites para proceder al desahucio y recuperar el inmueble. La estimación del Govern es que alrededor de un 2% de los vecinos morosos pueden presentar este último perfil, lo que al final del proceso podría suponer recurrir a los tribunales para sacar del inmueble a unos 40 inquilinos, aunque sin descartar que éstos opten finalmente por pagar ante la amenaza de quedarse sin la vivienda. Eso supone rebajar las tasas de morosidad del 46% inicial al 2% antes señalado. En cualquier caso, los impagados que el Ibavi acumula a lo largo de su historia se cifra en unos cuatro millones de euros

Pons destacó que se ha tratado este tema con todos los grupos del Parlament, y que se ha recibido el apoyo de todos menos del PP, pese a que este tema se trató precisamente con Biel Company, que en su etapa de conseller "parece que solo le preocupaba la agricultura y no la vivienda".