Pedro Horrach, titular de Anticorrupción de Balears durante diez años y fiscal del caso Nóos, se estrenó en 1993 como representante del Ministerio Público en Eivissa. La casualidad o el destino han querido que 24 años después volviese a la pitiusa mayor para debutar como abogado defensor del promotor alemán Matthias Kühn. Pese a su larga trayectoria ejerciendo la acusación particular, tras la vista oral celebrada ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2, a Horrach no se le hizo raro ocupar el lugar de la defensa. Aunque afirmó que se había sentido "cómodo" y que estaba "satisfecho" por cómo había transcurrido su intervención, reconoció a este diario que tenía que adaptarse a su nuevo rol. "Estoy más acostumbrado a acusar que a defender", confesó, con una sonrisa, el letradoLapsus

En su debut, Horrach sólo tuvo dos lapsus. El primero de ellos fue equivocarse de municipio, aunque lo corrigió enseguida. "El Ayuntamiento de Eivissa, perdón, el de Santa Eulària, ni siquiera respondió al proyecto de legalización que presentó Khün", señaló. El siguiente despiste fue no citar un artículo del Código Penal. "¿Quiere anular todo lo actuado? No me ha dicho qué punto se ha infringido?", le reprochó la jueza, a lo que el letrado le respondió con modestia: "tiene razón".

Tras estas pequeñas confusiones en la ratificación de su escrito, comenzó a mostrar sus armas. La primera de ellas fue tratar de convencer a la titular de lo Penal número 2 de que su cliente estaba sentado en el banquillo por ser quién es y por la "presión mediática" y no por la comisión de los dos delitos por los que le acusa la Fiscalía. "El ruido mediático condiciona muchos casos", sostuvo Horrach ante el tribunal.

Para defender al acusado,Horrach recurrió a su experiencia como fiscal. Con tono alto y voz serena disparó sus balas contra la instrucción de este procedimiento y el papel del Ministerio Fiscal. "Se han saltado la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señaló.

A continuación añadió que nunca había visto una instrucción como la de este caso y criticó al Ministerio Fiscal por calificar como ilegales unas obras, las del islote de Tagomago denunciadas, cuando la única administración competente es el Ayuntamiento de Santa Eulària. "Ustedes no pueden determinar si una construcción es autorizable o no", apuntó el letrado.

Por ello, el exfiscal solicitó la anulación del proceso al entender que se han vulnerado los derechos fundamentales de Kühn, durante una vista en la que los acusados se negaron a declarar.

La defensa del otro acusado, el constructor Guido Hecker, pidió igualmente la nulidad de las actuaciones y argumentó además la prescripción de los presuntos delitos, por los que cada acusado se enfrenta a una petición de pena de dos años de prisión.

Por contra, la Fiscalía sostiene que Kühn y Hecker son responsables de delitos medioambientales y urbanísticos por unas obras que se llevaron a cabo en 2008.