El Tribunal Superior de Justicia de Balears, presidido por el magistrado Antoni Terrasa, ha solicitado por escrito a la fiscalía que se pronuncie sobre si se debe o no aceptar a trámite la querella criminal que se ha presentado contra el juez Manuel Penalva, titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán. En la misma providencia también se traslada una ampliación de hechos y los documentos que se han entregado.
Esta querella, firmada por los abogados José Ignacio Herrero y Vicente Campaner, la ha presentado la hermana de un ciudadano de nacionalidad rumana, que está en prisión por una presunta agresión a un testigo protegido. Los abogados acusan al juez de los delitos de obtrucción a justicia, falsedad documental y prevaricación.
El caso está directamente relacionado con la investigación del caso Cursach, dado que el denunciante que fue agredido es un exempleado del empresario, que declaró en su contra y que ya a sufrido varios intentos de coaccion. Este testigo identificó con totatl seguridad al detenido, que niega cualquier relación con esta agresión. La semana pasada el juez Penalva, que no se cree la versión del detenido, dictó un auto por el que se ordena que sea juzgado. La fiscalía le reclama cuatro años de cárcel.
