Alrededor del 36% de la plantilla de la Fundació BIT y el 60% de los trabajadores del call center del Govern secundó ayer las dos horas de paro, entre las nueve y las once de la mañana, que realizaron para protestar por sus condiciones laborales y exigir unas más dignas y acordes a su condición de empleados públicos.

Esta empresa pública, además de facilitar la concertación de citas médicas con el Servei de Salut, el Servei de Ocupació (SOIB) y la Agencia Tributaria de las Islas (ATIB), sirve de soporte para todo tipo de aplicaciones o presentaciones informáticas para todas las conselleries del Govern.

Los porcentajes citados más arriba fueron facilitados por el gerente de la Fundació BIT, Pere Fuster, que detalló que en esas dos horas estarían trabajando unos 220 empleados del total de 285 que conforman la plantilla de esta empresa pública creada a partir de la fusión de la Fundació IBIT, el ParcBit y Bitel.

"Y secundaron la protesta el 36% del total de los empleados que estaban trabajando en esas dos horas y el 60% de los 70 telefonistas que estaban atendiendo el call center que son los más perjudicado por la actual situación", reveló el gerente de la Fundació.

Fuster, que dijo comprender las reivindicaciones de los trabajadores -básicamente que se les reconozca trienios de antigüedad a empleados que llevan, en el peor de los casos, hasta doce años trabajando sin percibirlos-, ya ha convocado varias asambleas con los empleados para trasmitirles la postura de la gerencia y aseguró que ha trabajado muy duro para alcanzar un consenso con ellos.

"Partíamos de un caos ya que se creó una fundación a partir de tres empresas diferentes con sueldos y categorías laborales muy diferentes", recordó.

El grueso del problema y que está detrás de esta protesta que se repetirá el próximo lunes y todos los lunes del mes de octubre en caso de que el conflicto se enquiste, pasa porque los trabajadores del centro de atención telefónica, que perciben sueldos de 800 euros mensuales, puedan cobrar una antigüedad que asciende a unos treinta euros por trienio, unos 120 en el mejor de los casos.

Pero Fuster supeditó esta percepción a la aceptación por parte de la plantilla de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que David Sunyer, presidente del comité de empresa, aseguró que "no tiene ningún viso de objetividad". Sunyer reclamó que se solucione el asunto de la antigüedad, el fraude ley que suponen contratos de obra y servicio desde hace 14 años y la actual precariedad laboral.