Caso Palma Arena

Los arquitectos del Palma Arena se contrataron sin expediente ni concurso

Una funcionaria del Govern reconoce ante el juez que no se advirtió de la ilegalidad cometida

15.09.2017 | 08:19
La homologación de la pista fue anulada tras celebrarse el Mundial de Ciclismo.

El que fuera presidente de la Federación balear de Ciclismo, Andreu Canals, reconoció ayer en el juicio por el caso Palma Arena que fue él quien aconsejó la contratación del arquitecto alemán Ralph Schurman, porque así se lo recomendaron desde la Unión Ciclista Internacional (UCI) y porque era una forma de asegurarse que la pista del velódromo sería homologada para celebrar campeonatos oficiales.

Canals explicó que eran muy pocos los expertos en el diseño de pistas de ciclismo y que Schürmann era uno de ellos, y que de hecho su nombre era muy conocido dentro de este deporte.

Explicó también que la pista recibió una especie de homologación provisional durante el mundial que se celebró en Palma y que justificó la construcción del velódromo.

Añadió que un técnico de la UCI, al finalizar la primera jornada, realizó una serie de mediciones para homologar la pista donde estaban corriendo los ciclistas. Reconoció que fue una sorpresa cuando, meses más tarde, se recibió una carta desde la UCI en la que se señalaba que la instalación no se homologaba por las graves irregularidades que presentaba. El testigo insinuó que se tomó esta decisión porque el proyecto definitivo no venía firmado por Schürmann, sino por otros arquitectos.

En el juicio del caso Palma Arena, que sienta en el banquillo a Jaume Matas y Pepote Ballester, una funcionaria del departamento de contratación señaló ayer que, en efecto, no se realizó ningún expediente administrativo para justificar el fichaje ni del arquitecto alemán, ni de los hermanos García Ruiz. Sin embargo, señaló que la administración, en situaciones de urgencia, puede adoptar una contratación sin la necesidad de convocar un concurso.

Por ello no se planteó que se estuviera cometiendo un delito al contratar directamente a los arquitectos del proyecto.La testigo no fue capaz de señalar el nombre de la persona que elaboró los contratos, si bien confirmó que ella estuvo buscando algunos documentos parecidos a través del colegio de arquitectos.

Rafael Durán, el que fuera concejal de Cort y presidente del consorcio, que en su momento fue detenido por este caso, explicó que el proyecto del velódromo era una promesa electoral que presentaban varias partidos. Dijo que presidía el consorcio a propuesta de la alcaldesa Cirer, pero que no fue él quien eligió a los arquitectos que iban a diseñar el velódromo. La decisión vino impuesta por los representantes del Govern. Se limitó a firmar los contratos. No recordaba que se comprometió con los técnicos sueldos de más de ocho millones de euros.

Por otra parte, Jorge Moisés, el exgerente del consorcio, reconoció que tras romper el contrato con el arquitecto alemán, desde la UCI no se propuso un segundo técnico.

Por ello, al no conocer quién podía diseñar la pista, estuvo buceando por internet y descubrió el nombre de un arquitecto holandés especialista en pistas, que fue contratado para que construyera la del Palma Arena. El exgerente relató las "semanas absolutamente caóticas" que se produjeron como consecuencia de la destitución del arquitecto principal, decisión que se tomó porque no estaba cumpliendo los plazos de construcción. Por ello, destacó que existía una situación de urgencia y que los únicos que tenían un conocimiento previo del proyecto eran los hermanos García Ruiz. Por este motivo se les contrató, si bien el testigo no pudo aclarar quién fue la persona que tomó esta decisión. Sin embargo, relató que fue una decisión que se adoptó sin ningún tipo de discusión en la junta del consorcio.

Expedientes


La que fuera secretaria general de Deportes en la época del Pacte, que declaró como testigo, explicó que en el año 2007 en la conselleria empezaron a llegar requerimientos de pago por obras realizadas en el Palma Arena. Explicó que reclamó el expediente de contratación y descubrió que no existía. Entre los requerimientos de pago se reclamó una factura de 30 millones de euros. La secretaria general aclaró que se negó a realizar estos pagos, precisamente, por la falta de expedientes.

El que fuera concejal de Cort y miembro del Consorcio, Pedro Álvarez, detalló que la decisión de contratar a los arquitectos la expuso el representante del Govern.

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