Las inversiones en infraestructuras educativas (una de las preocupaciones y necesidades más acuciantes en el sistema educativo de las islas) se han convertido en arma política y da fe de ello el tono usado este jueves desde el Govern y desde el PP en la comparecencia del director general responsable de esté área, Antoni Morante. Entre las cuestiones y datos puestos sobre la mesa estuvo el coste de las 122 aulas prefabricadas instaladas este curso, que según Morante casi llega al medio millón (470.000 euros).

Así lo indicó en respuesta a Núria Riera, última consellera de Educación durante la anterior legislatura del PP que acusó al actual equipo de Educación de "un inicio de curso caótico" y de apropiarse de méritos suyos ya que, según aseguró, ahora se están ejecutando proyectos de obras que el Partido Popular dejó preparados. Llegó a señalar que entre 2011 y 2015 ejecutaron y planificaron inversiones por un valor total de 64,1 millones.

Morante aconsejó a Riera que fuera "prudente" en sus aseveraciones y recordó que en los dos primeros años de legislatura el Govern destino cero euros a infraestructuras, y que hay documentos que lo atestiguan: "Ustedes no tenían ni dinero para pagar aulas prefabricadas ni para hacer las inspecciones técnicas obligatorias". Asimismo, la tachó de "mentirosa" y lamentó que "engañara a claustros y asociaciones de padres" asegurándoles que sus proyectos de centros nuevos ya estaban listos cuando no existían. Mencionó el caso de Son Macià y Maioris.

Y para cerrar su réplica el director general se guardó su acusación más grave. Señaló que el equipo del PP pactó con el Banco Europeo de Inversión un préstamo finalista de varios millones de euros de los cuales, 20 se debían dedicar a infraestructuras (con un compromiso de que las actuaciones estuvieran acabadas en marzo de 2017). De estos 20 millones, indicó Morante, solo seis se transfirieron al órgano encargado de las infraestructuras educativas: "Los otros 14 millones no se sabe dónde están".

Riera contestó aduciendo que cuando llegó al Consolat de Mar el PP también se encontró "muchos agujeros" de la anterior época del Pacte.

El representante de la conselleria de Educación también quiso contestar a las críticas hechas por Riera por el número de prefabricadas y aseguró que en los cuatro años de mandato del PP las modulares casi se duplicaron, pasando de 50 a 93, "en una época en que no había crecimiento de la población escolar". Añadió un detalle: "En su época el mayor crecimiento de alumnado se dio en la concertada, con 1.600 alumnos".

Antoni Morante recordó que desde 2015 el sistema ha sumado 10.000 alumnos y trató de relativizar la importancia de las aulas prefabricadas señalando que en Cataluña hay más de un millar de estas instalaciones y 86 centros enteramente modulares.

Preguntado después por Salvador Aguilera, de Podemos, sobre la posibilidad de que en Palma (que este curso se ha visto desbordada por la llegada de alumnado nouvingut) se instale un centro enteramente modular, Morante admitió que no se descarta, aunque eso iría "en paralelo" al proyecto de construcción de un nuevo colegio en la zona de s´Escorxador.

Aguilera también preguntó al director general sobre la posibilidad de que los centros concertados también tengan aulas prefabricadas y Morante reveló que el próximo año se instalarán cuatro en el colegio concertados Fray Juan Ballester de Campos, donde admitió que la construcción de un colegio nuevo se está convirtiendo en "la historia interminable".

También reveló que el Govern está estudiando modificar la normativa urbanística para facilitar convertir determinados terrenos en solares de para uso docente, lo que facilitaría la puesta en marcha de nuevas infraestructuras.

Ante las críticas, también del PP, de que el Plan de Infraestructuras es en realidad "propaganda electoral" ya que también contempla acciones tras las próximas elecciones, Antoni Morante aprovechó para ofrecer a todos los partidos políticos la posibilidad de pactar ese plan en lo que se refiere al periodo 2019-2023.

Así lo habían solicitado algunas entidades como la FAPA o CCOO. Ayer fue el STEI-i quien emitió un comunicado para reclamar ampliar el Plan al entender que ha quedado demostrado que es "insuficiente".