Las defensas de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, los dos encarcelados principales gestores del Grupo Cursach y sospechosos de dirigir una presunta trama de corrupción, recurrirán las fianzas de 18 millones de euros que les impuso anteayer el magistrado Manuel Penalva. El juez también señaló una fianza de dos millones de euros para Antoni Bergas, el número tres del holding del ocio.

Penalva acusa a los tres imputados de quince delitos, entre ellos extorsión, cohecho, amenazas, coacciones y organización criminal.

El instructor fundamenta las fianzas de 20 millones de euros en que los acusados habrían causado a algunos empresarios de la competencia, mediante prácticas delictivas, pérdidas por valor de 11,5 millones de euros.

A esta cantidad cabría sumar, prosigue el magistrado, los daños que habrían sufrido otros empresarios víctimas de la presunta trama de corrupción, así como el dinero que dejó de percibir el Ayuntamiento de Palma por multas impuestas al Grupo Cursach y no cobradas, así como las multas que acompañan a algunos de los 15 delitos imputados.

Las defensas mantendrán que las fianzas son desproporcionadas y que no están acreditados los supuestos delitos que se imputan a los tres acusados.

Falso testimonio

Por otro lado, Antonio Martínez, abogado de Bartolomé Sbert, acusa en un escrito dirigido al juzgado a dos testigos protegidos de revelación de secretos y de falso testimonio.

Estos testigos, dos empresarios de la zona de la Plaza de las Pitiusas de Magaluf, declararon la semana pasada en un juicio contra un joven acusado de amenazar y acosar a uno de ellos.

Según Martínez, los empresarios revelaron en esa vista oral aspectos de la causa que siguen bajo secreto sumarial.

Uno de los testigos aseguró en la vista oral que se había arruinado por el supuesto acoso que el Grupo Cursach hizo a sus negocios en la Plaza de las Pitiusas.

Según el declarante, Bartolomé Sbert le quiso comprar los locales por un precio muy bajo, porque Cursach tenía la idea de hacer en el lugar un Megapark como el de la Playa de Palma.

Martínez acusa al testigo de mentir y aporta unas conversaciones por mensajes telefónicos entre el testigo y Sbert, donde éste afirma que no está interesado en esos negocios.