De la resolución del Tribunal Superior por la que se anula la concesión de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, se puede deducir que tiene mayor peso el método utilizado que el fin por conseguir. O lo que es lo mismo, que la Administración en general falla en los trámites, en el procedimiento, cuando debe cumplir con sus obligaciones.
El auto judicial no parece cuestionar el derecho a la sanidad universal pero, en la práctica, le pone trabas y además lo hace a instancias de un recurso presentado por el Gobierno Rajoy que, en estos momentos, según la misma resolución judicial, es quien tiene facultades legales para prestar remedio sanitario a todo residente en territorio español.
Se han parado los pies a un Govern Armengol que sin embargo emite un mensaje de tranquilidad y anuncia recurso ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo autonómico se compromete a garantizar asistencia médica a todo residente en Balears, al margen de su procedencia o situación administrativa. Recuerda que la Ley balear de Salud le obliga a ello.
Que una cuestión tan elemental como la asistencia sanitaria se haya dejado contaminar por cuestiones de competencia administrativa significa que la gestión pública está mermada en exceso por el colesterol de la burocracia. Y que tiene a sus vasos comunicantes demasiado obstruido.
Lo sano hubiera sido que Gobierno y Govern, sin necesidad de acudir a las Urgencias de la Justicia, confluyeran en una robusta posición de consenso para dar cobertura sanitaria a quien la necesite. Pero ya sabemos que la rivalidad, el control y la dependencia política de marcado interés partidista, se han convertido en un mal crónico que acaba debilitando todo lo institucional y colectivo.
