Según explicó ayer la delegada del Gobierno en Balears, Maria Salom, las presuntas estafas a hoteleros en la isla, y otras regiones turísticas españolas, empezaron en 2013. Estos casos de falsas reclamaciones por inventadas intoxicaciones alimenticias se dispararon con gran rapidez y han llegado a suponer un quebranto millonario para los hoteleros de la isla.
Salom ofreció como cifra del total del supuesto fraude en Mallorca los 50 millones de euros, la misma cantidad adelantada hace algunas semanas por los hoteleros.
La Guardia Civil ofreció otra cuantía, más de 60 millones de euros, pero contabilizados a escala nacional.
Los investigadores han detectado indicios de que la presunta trama de captación de turistas para animarlos a demandar sin base a sus hoteles liderada por Laura Cameron también habría actuado en Canarias. Este extremo deberá ser ratificado por ulteriores pesquisas.
Los ocho registros permitieron la incautación de documentos en soporte papel e informático, papeles que serán revisados por los investigadores para determinar si Cameron y sus relaciones públicas (tiqueteros) actuaban en connivencia con bufetes de reclamaciones de Gran Bretaña.
Seguimientos
Pistas sobre el supuesto entramado ya habían sido aportadas al sumario que tramita el juzgado de instrucción 2 de Palma. Hoteleros perjudicados por la supuesta estafa, entre ellos la cadena Club Mac Alcúdia y otra empresa radicada en Calvià, contrataron detectives privados para identificar a los supuestos ganchos.
Los investigadores privados realizaron fotos y vídeos de tiqueteros dedicados a convencer a turistas para que demandasen a sus touroperadores por falsas intoxicaciones en sus hoteles de todo incluido.
Un coche usado por estos relaciones públicas llevó a Laura Cameron, ya que el vehículo estaba a nombre de una de sus empresas.
La Guardia Civil, por su parte, también hizo seguimientos de los tiqueteros y centró sus sospechas en Laura Cameron y su madre Devorah Cameron.
Maria Salom destacó ayer el trasvase de información y la coordinación entre hoteleros, Federación Hotelera de Mallorca, touroperadores, Guardia Civil y Gobierno británico para tratar de erradicar esta lacra, que ha dañado la economía insular y la imagen turística de Balears.
