La accidentada aprobación de la ley de alquiler turístico conecta por vía subterránea con la crisis en la Federación Hotelera de Mallorca. Mientras sus subordinados se zarandeaban a izquierda y derecha, el conseller Iago Negueruela y la presidenta hotelera Inma Benito fraguaban un pacto sin precedente en la historia de Balears.

Las inéditas e intensas negociaciones secretas, entre un Govern que incluye a Podemos y una patronal donde los sectores moderados son nostálgicos del franquismo, se sustanciaron en diversas reuniones entre el titular de Trabajo y la máxima ejecutiva turística. El interés mutuo se impuso a los desacuerdos.

Los dos ejes de la negociación entre los hoteleros y el Govern eran el alquiler turístico que los primeros deseaban exorcizar, y las mejoras salariales que el ejecutivo pugnaba por implantar. O "instar a los empresarios", por recurrir al verbo utilizado por Francina Armengol en el discurso del Estado de la Autonomía.

Los tira y afloja cuadraron con cesiones de importancia por ambos bandos. Los hoteleros querían y lograron que el Govern embridara el alquiler turístico en pisos mediante la ley consiguiente, dejando el monocultivo turístico en manos del empresariado. A cambio, y ojo con las cifras, la patronal se comprometía a un convenio que contemplara subidas anuales del cinco por ciento durante cuatro años a los trabajadores de hostelería. Cabe recordar que la última subida fue ligeramente superior al uno por ciento.

Negueruela cumplió su parte del trato, ante el estupor de la patronal de alquiler y la protesta hipócrita de los hoteleros. Sin embargo, la interlocutora Inma Benito no pudo cumplir su parte del pacto. El acuerdo aceptado por sus superiores inmediatos naufragó, y dejó el cargo.

La indignación en Trabajo era mayúscula al divulgarse la estampida de Benito a Iberostar. Conviene recordar que no es lo mismo un hotelero de Mallorca que un hotelero mallorquín. Y un cínico añadiría que el Govern también incumplió, al abrir la espita al alquiler en pisos.