Puedes haber sido ahorrador, esforzado en controlar la necesidad y la utilidad del dispendio. Incluso puedes haber contado con el alivio y el respaldo de la brisa de la mejoría general de la economía. Es posible que hasta hayas reinventado la ecotasa en época de llenazo turístico o que te sientas seguro sobre un Estatuto de Autonomía. Da igual. No esperes rédito ni bonificación, al final las cuentas las maneja el ministro Montoro y en buena parte condiciona la acción y la capacidad de gobierno. El ministro de Hacienda sigue siendo el clon efectivo de Francina Armengol y del resto de presidentes autonómicos.
Llega la hora de concretar los presupuestos de 2018. El Govern fija la previsión de techo de gasto ligeramente por encima de los cuatro mil millones. Es un 6,4% más que en 2017 que no se corresponde con el incremento del 12,6% de los ingresos financieros. Tampoco se agotará la capacidad de endeudamiento autorizado que se estima en unos 200 millones.
Ayer, la consellera Cladera, al dar cuenta de estos avances, permitió albergar esperanzas de que se pudieran incorporar en las cuentas del próximo año proyectos de obras y mejoras de infraestructuras públicas. Pero persiste una sensación de desasosiego, de insatisfacción si se quiere, porque no es plan tener las presupuestos tutelados, igual que si fueras incapaz de manejarlos desde tu propia responsabilidad de gobierno. Si, es mal de todos, pero esto tampoco sirve de consuelo ni repara carencias.
No hay mayor lamento por parte del Govern. Simplemente se mantienen las quejas conocidas. Es una resignación que no parecen compartir buena parte de los alcaldes de Mallorca porque los ayuntamientos son los principales afectados por las ataduras de la ley Montoro. Este periódico informa también hoy de que desde Alcúdia se incuba la propuesta de un frente común municipal para debilitar la ley Montoro. Es un poco osado y desproporcionado por desigualdad de fuerzas, pero sirve de pretexto para tanta inoperatividad.
