El Govern fijó ayer en 4.086.543.730 euros el techo de gasto de la Comunidad para el próximo año, es decir, los fondos de los que dispondrán las conselleries, un dato imprescindible para la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad dato imprescindible para la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad que el Ejecutivo deberá presentar al Parlament antes del 30 de octubre. Este techo de gasto para 2018 supone un 6,4 por ciento más que el de este año, lo que se traduce en 246,90 millones de euros de incremento. No obstante, esta subida porcentual no se corresponde con el 12,6 por ciento de incremento de ingresos no financieros, que supondrán 4.027,79 millones (451,49 millones más que este año) al no poder trasladarse esta cifra en su totalidad a los presupuestos a causa de la regla de gasto impuesta por el ministerio de Hacienda, según recordó la consellera de Hacienda, Catalina Cladera.

De acuerdo con la previsión de ingresos no financieros, la mayor cantidad procederá del sistema de financiación autonómica, que supondrá el próximo año 2.558,23 millones de euros, un 10,8 por ciento más que este año. Otros 866,77 millones se corresponden con la recaudación prevista de los tributos cedidos, lo que representa un 16,7 por ciento más que este año.

Los tributos propios añadirán 205,11 millones a los ingresos, con una subida del 36, 9 por ciento tras la decisión del Pacto de duplicar el impuesto turístico sostenible, con el que Govern espera recaudar el próximo año 120 millones de euros. Los únicos ingresos no financieros que bajarán con respecto a este año son los de tasas y precios públicos, con los que se recaudarán 6,40 millones de euros menos (un 6,6 por ciento menos), aunque su peso relativo en el conjunto de ingresos es bajo, ya que tan solo representa el 2 por ciento del total (90,37 millones). A estas cantidades hay que sumar otro tipo de aportaciones a los ingresos autonómicos, procedentes de fondos estatales y europeos, que supondrán 307,31 millones de euros, un 10 por ciento más que en 2017.

Cladera recordó que para obtener la cifra total de los Presupuestos para el próximo año hay que sumar al techo de gasto la amortización de deuda, que representará unos 1.000 millones, entre otros aspectos. En este sentido la consellera precisó que el próximo año el Govern no agotará su capacidad de endeudamiento autorizado en unos 200 millones.

Limitaciones

"Es una buena cifra", dijo Cladera refiriéndose a los 4.086,5 millones de techo de gasto para 2018 ya que, según declaró, "recoge al máximo posible el crecimiento económico" dentro de los límites fijados por el ministerio de Hacienda, trasladando así la mejora de la economía a los presupuestos para "redistribuir la riqueza" entre los ciudadanos, con los límites impuestos por el Gobierno central.

El pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. En lo que se refiere al próximo año, el déficit (o necesidad de financiación con deuda) se estableció en un 0,4 por ciento, mientras que el límite de la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto se marcó en un 29,1 por ciento.

Las limitaciones impuestas por la Ley de Estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria de 2012 establecen un límite máximo de gasto no financiero, que depende del objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit del 0,4 por ciento) y la denominada regla de gasto, que establece que el gasto no financiero no ha de superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, tasa que calcula el ministerio y que, en la práctica, constituye la principal referencia para la elaboración de los presupuestos. El objetivo de esta regla es mantener el gasto dentro de los márgenes de ingresos habituales que se esperan, lo que supone que no se puede establecer un gasto público que supere esa tasa de referencia.

Se trata de una limitación criticada tanto por ayuntamientos (que no pueden utilizar por ejemplo su superávit) como por comunidades autónomas como la balear, ya que no permite usar todo el crecimiento de los ingresos, pero que es de obligado cumplimiento.