Una empresa familiar que agrupo a ocho negocios de la noche en Calvià, especialmente en Magaluf y Punta Ballena, han solicitado al juez Manuel Penalva ser acusación particular contra el magnate de la noche encarcelado Bartolomé Cursach, supuesto jefe de una trama de corrupción. Se trata de la primera vez que afectados por las supuestas prácticas para machacar a la competencia de Cursach deciden ayudar a la fiscalía anticorrupción en las pesquisas. De forma paralela una mujer de origen rumano se ha querellado contra el juez Penalva y el fiscal Subirán por los presuntos delitos de obstrucción a la Justicia, torturas vindicativas y/0 indagatorias, falsedad en documento público y prevaricación judicial.
Los aspirantes a ejercer la acusación se declaran directamente perjudicados por hechos investigados en la macrocausa y son los siguientes: Alejandro Jara, Ángeles Álvarez, Grupo de Ocio Alva & Jara S.L., Lounge Terraza Ocio S.L; Alvajara Café Palmanova S.L.; Alez Plaza Palmanova S.L.; Music Magalluf S.L.; y León Rojo Ocio S.L. Todas estas entidades en realidad pertenecen a una empresa familiar.
Cursach y algunos de sus altos directivos están acusados de sabotear, durante años, a negocios de la competencia de BCM, discotecas y otros locales situados en la zona de Punta Ballena. Esas prácticas delictivas también se habrían producido en la Playa y el Paseo Marítimo de Palma.
Entre los supuestos métodos de acoso estaban la utilización de la Policía Local para machacar a inspecciones y controles a locales y tiqueteros de la competencia, mientras que los establecimientos del grupo habrían disfrutado de manga ancha en cuanto a ruidos, horarios de apertura y condiciones laborales de sus plantillas. Los perjudicados alegan también que Cursach se servía de varias asociaciones empresariales para perseguir a su competencia con denuncias y limitarles el número de tiqueteros.
Además, un antiguo empleado del Grupo Cursach Ocio ha ratificado ante los investigadores que la Policía Local (de Palma y Calvià) nunca inspeccionaba los establecimientos de Bartolomé Cursach. Según este testigo, que hoy está citado en el juzgado para ratificar su declaración policial, un grupo de policías locales de Palma solían pulular por BCM, Megapark y otros establecimientos del magnate.
Por otro lado, la querella contra el juez Penalva y el fiscal Subirán ha sido redactada por los abogados José Ignacio Herrero y Vicente Campaner y será presentada en el TSJB. La querella cuestiona la actuación de los investigadores respecto la orden de prisión del rumano Florian Bogdan, procesado por supuestamente agredir a un testigo protegido. En la querella se recogen supuestas presiones a testigos aportados por la defensa de Bogdan, ejercida por Herrero.
