Las islas en las que más ha subido el alquiler tras años de efecto AirBNB son también el lugar en el que más difícil es comprar vivienda. Así que se junta el hambre con las ganas de comer, según documenta en su último informe el Colegio de Registradores de la Propiedad, que además detalla un último fenómeno que se suma a los dos anteriores: las islas del alquiler residencial imposible y la compra de vivienda inaccesible destacan como la comunidad en la que más crecen las ventas. ¿Cómo es posible? Pues porque donde no llegan los sueldos de los residentes, aparecen los de los extranjeros: Balears, con Canarias, lidera un año más las ventas de casas y pisos a inversores de fuera, auténtico origen de una nueva burbuja de precios que está disparando los precios inmobiliariarios.

Es el triunfo definitivo del negocio turístico sobre ese derecho a la vivienda del que habla la Constitución: la generalización del turismo en espacios residenciales disparó primero el alquiler y ahora la demanda internacional de compradores de segunda vivienda para vacaciones o como inversión turística hace lo propio con la compra. Los datos del informe del Colegio de Registradores son demoledores: la cuota media de hipoteca en Balears se sitúa en 705 euros al mes, cifra muy por encima de la media española (536 euros), que hace que los residentes de las islas se vean obligados a dedicar una media del 40% de sus ingresos salariales a pagar la letra mensual. Esa proporción crece año a año, convirtiendo la vivienda en un bien cada vez más inalcanzable para los trabajadores de las islas: en 2014, hace solo cinco años, el porcentaje de salario preciso para hacer frente a la hipoteca era del 36%.

El salto al 40% actual se explica por la coincidencia de dos tendencias: los sueldos en la isla de los récords turísticos se han estancado (de hecho, en algunas sectores, como el turístico, son más bajos que en 2011), mientras la vivienda se encarece a marchas forzadas. Tanto que la hipoteca media ha subido en 888 euros anuales entre 2014 y 2017, un 12% de incremento que explica en gran medida que, en plena recuperación macroeconómica, se mantenga la proporción de hogares de las islas con graves dificultades para llegar a fin de mes.

La dificultad de acceso balear a la vivienda no tiene parangón en el resto del mapa estatal. Mientras el hipotecado tipo de Mallorca paga de letra mensual 705 euros al mes (el 40% del sueldo medio), el español medio está en 536 euros de hipoteca, que se reducen a 312 euros y el 20% de los ingresos en el caso de un extremeño estándar. Dicho de otro modo: tener techo en Balears supone el doble de esfuerzo que en Extremadura.

Pese a ello los extremeños son los españoles más beneficiados por el sistema de reparto autonómico más beneficiados por el sistema de reparto autonómico de los recursos públicos, mientras los baleares figuran entre los que más aportan por cabeza a financiar otras regiones. Podría no tener mucho que ver, pero en economía casi todo son vasos comunicantes. Y este es el caso: una de las claves que explican que los pisos y casas sean más inaccesibles en Balears es que las islas tienen la peor oferta de vivienda protegida del mapa estatal, hecho que tiene mucho que ver con un reparto de fondos públicos que perjudica desde hace décadas a Balears. Porque sin dinero público cuesta subvencionar vivienda. Los datos hechos públicos ayer por los Registradores de la Propiedad documentan los efectos de esa escasez de pisos de protección oficial: de las 15.158 compras de viviendas del último año en las islas, solo 16 fueron de pisos protegidos. Es decir, solo de cada mil compradores accede a VPO, cuando en el resto de España son quince de cada mil.

Dinero para vivienda protegida

El desfase es tal que explica por sí solo tanto las presiones de Podemos para que en el próximo presupuesto autonómico se eleve el dinero para vivienda como el hecho de que justo eso sea lo que el Govern de PSOE y Més lleve semanas planificando en los presupuestos. "La vivienda será la prioridad del presupuesto de 2018", confirman fuentes del ejecutivo autonómico, en el que creen que las tensiones sobre los precios se verán reducidas gracias a la Ley Barceló y sus multas de fácil aplicación al alquiler turístico ilegal, pero reconocen que son precisas medidas más agresivas para impulsar el acceso a la vivienda de los ciudadanos que hacen el mayor esfuerzo salarial para pagar las hipotecas más altas, a los intereses más elevados: los baleares.