El sindicato profesional de agentes de medioambiente de FESP-UGT reclamó ayer que se cubran 27 plazas vacantes de este colectivo en Balears que se encuentra en una situación "insostenible", en la que no llegan a cubrir todas las necesidades de vigilancia del archipiélago.

El delegado del sindicato de Agentes de Medio Ambiente de UGT, Manolo Martínez, explicó en una rueda de prensa que "hace más de quince años que no ha aumentado la cifra de agentes" en Balears, cuando la superficie de espacios protegidos y sus competencias no han dejado de crecer desde entonces, de manera que se ven obligados a "dejar de hacer una cosa para hacer otra".

Puso como ejemplo que para poder realizar este verano el control del fondeo sobre posidonia han dejado de hacer vigilancia en otros espacios naturales. Indicó que ni siquiera tienen capacidad para responder a todos los avisos ciudadanos que reciben de embarcaciones mal fondeadas, y solo llegan a entre un 10 y un 20 por ciento de las denuncias telefónicas.

Martínez precisó que este verano solo se está actuando en zonas de protección de la Red Natura 2000, pero cuando entre en vigor el Decreto de Posidonia se actuará en todo el litoral donde esté presente esta planta marina protegida y "las necesidades de personal y material serán mucho mayores".

Como "primera medida de impacto" y más urgente para paliar la situación, reclamó que se cubran las plazas vacantes que ya están creadas por la administración autonómica, que son 27, y que se sumen a este colectivo las ocho adscritas a reservas marinas (tres de ellas vacantes en la actualidad), de manera que los agentes de medio ambiente pasarían de los 57 actuales a 89, un 56 por ciento más.

Reclaman además a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca un estudio detallado de las necesidades reales tanto de agentes de medio ambiente como de medios para hacer su trabajo.

Piden también la creación de "una unidad marítima en los agentes de medioambiente" especializada en la vigilancia de los 1.428 kilómetros de litoral del archipiélago, "gran parte de ellos protegidos", destacó Martínez. También piden un marco jurídico: una ley que defina sus competencias, les de cobertura y concrete sus funciones.