El fallecimiento hace unos días de Miguel Romero, dueño del grupo de empresas de publicidad Nimbus, conllevará la extinción de su responsabilidad penal en varias piezas separadas del caso Palma Arena.

Romero tenía varios juicios pendientes por contratos públicos que recibió su agencia de manos del Govern de Jaume Matas y vinculados a la construcción e inauguración del velódromo público Palma Arena.

La mayoría de estas causas se hallaban en la Audiencia de Palma, pendientes de su enjuiciamiento, pero el juez José Castro todavía podría tener en su juzgado algún pequeño fleco que afectaba a Romero.

El empresario admitió su responsabilidad en la presunta trama de corrupción al inicio de las investigaciones (en 2009) y por eso recibió la condición de imputado arrepentido, lo que se tradujo en que las condenas solicitadas para él no eran de obligado cumplimiento.

Miguel Romero fue juzgado en la pieza de los discursos del periodista Antonio Alemany condenado en primera instancia por la Audiencia, dada su admisión de los hechos. El Tribunal Supremo revocó casi totalmente esa sentencia y absolvió al publicista.

La fiscalía anticorrupción deberá decidir si exige a los herederos de Romero el pago de las responsabilidades civiles por las causas que tenía pendiente de juicio y en las que se enfrentaba a condenas leves de privación de libertad.