Expedientado el dueño de un piso protegido de Ibiza por alquilarlo en Airbnb

La vivienda estaba anunciada en este portal y una persona, de forma anónima, lo denunció a través del correo electrónico del Consell de Ibiza

14.08.2017 | 18:48
Imagen de archivo del interior de una vivienda de Protección Oficial.

El Consell de Ibiza ha abierto diligencias por el alquiler turístico de un piso de protección oficial que se anunciaba en el portal Airbnb.

Las diligencias se iniciaron gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico de inspección turística, inspeccio.turisme@conselldeivissa.es, ha informado hoy el Ejecutivo insular a través de un comunicado.

A raíz de esta denuncia, los inspectores del Consell comprobaron que la vivienda se anunciaba en el portal de Internet Airbnb. En este portal, la propiedad ofrecía diversos servicios como desayuno, champú, conexión a Internet, toallas y añadía que se podía reservar por noches. Asimismo, confirmaron que, de acuerdo con la información que aparecía en el mismo portal, la persona que comercializaba el inmueble lo había hecho al menos una decena de veces.

Aparte de abrir diligencias contra el dueño de esta propiedad, el Consell de Ibiza también ha trasladado estos hechos a la Delegación de Hacienda y a la Dirección General de Vivienda del Govern balear.

En este caso, dado que las diligencias se abrieron el pasado mes de julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley turística, la persona responsable se expone a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros, tal como establecía la norma anterior.

Incremento de sanciones

En opinión del Consell de Ibiza, con la nueva Ley, en vigor desde el mes de agosto, el Ejecutivo insular dispone de mejores instrumentos para perseguir el alquiler irregular en casas y pisos de la isla, además de incluir un considerable incremento de las cantidades económicas del régimen sancionador.

La comercialización turística de una vivienda sin autorización implica una infracción grave con multas entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrece. En el caso de las plataformas o de otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.

La ley contiene definiciones que hasta ahora no existían. Así, la norma facilita por primera vez una definición del término canal de oferta turística. También deja claro que se considera como alquiler turístico todas las estancias por períodos de corta duración con una duración inferior a un mes.

"La falta de estas definiciones concisas en la Ley de 2012 había dejado margen a diferentes interpretaciones, a menudo alegales, que quedaban capacidades de actuación a los servicios de inspección turística del Consell", han argumentado desde el Ejecutivo insular.

Asimismo, han considera que "una de las numerosas debilidades de la Ley de Turismo anterior consistía en la falta de medidas sancionadoras orientadas a los comercializadores de viviendas, como por ejemplo las plataformas digitales". "La nueva ley declara responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas en viviendas ilegales tanto los propietarios de los inmuebles como los posibles explotadores y los comercializadores (a través de cualquier tipo de soporte)", han remarcado desde el Consell.

Plan de Inspección Turística

El Consell de Ibiza también ha recordado que continúa con el Plan de Inspección Turística previsto para el 2017, aprobado por el Consell Executiu el pasado 21 de abril a propuesta del presidente, Vicent Torres.

Además, ha añadido que tiene como objetivo controlar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de todas las actividades y servicios turísticos, la detección de servicios turísticos clandestinos, como son los alquileres turísticos irregulares, actuar contra la mala praxis en el desarrollo de las actividades y servicios turísticos, y garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos.

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