Como el alquiler turístico en pisos ya estaba prohibido desde 2012, el equipo del vicepresident Barceló lanzó dos oleadas de inspecciones en los últimos meses. Una fue en primavera, y la otra ya en verano. Las diferencias saltan a la vista: en la primera redada visitaron nueve inmobiliarias de Mallorca, en las que detectaron 330 pisos ilegales y pusieron multas por valor de 220.000 euros. En la segunda vuelta de la inspección la cosa fue bien distinta: revisaron la oferta de ocho agencias distintas, y solo aparecían ya 20 pisos ilegales, menos de una décima parte que la primera vez, por lo que hubo menos multas.

El vicepresident y conseller de Turismo explica que las propias agencias les han confirmado que están depurando la oferta ilegal de alquiler turístico, con lo que ello supone de aumento de las opciones de arrendamiento de larga duración. Y ahora llega la fase más fuerte de la ofensiva: con la nueva ley, el Govern ya puede multar a las grandes plataformas tipo AirBNB, que se exponen a 400.000 euros de sanción por cada anuncio de piso ilegal que incorporen a su catálogo. Ya las han avisado desde el Govern. Ahora tienen quince días para quitar los anuncios. Luego empezarán a fluir las multas, dice Barceló.