En todo lo relativo al caso Cursach se está demostrando, una y otra vez, que existe un enfrentamiento feroz entre las palabras y los hechos. Es un pulso constante que por sí solo ya justifica la complejidad y la lentitud de las investigaciones policiales y judiciales.
Los acusados aseguran no conocer a quienes les implican y niegan todo tipo de amenaza o extorsión. Ante esta actitud cobra una importancia sustancial la acreditación documental y la capacidad de contrastar los hechos imputables. Las pruebas y las declaraciones testificales se han devaluado hasta el extremo de que los instructores deben recordar las obligaciones de quienes deponen como conocedores potenciales de lo ocurrido. Ni el silencio ni la adulteración de la narración pueden ser aliados de quien testifica. Con estos socios, se sitúa a un paso de convertirse en investigado.
Es lo que le ha pasado a Bartolomé Cursach y a su sobrino Tolo Sbert. El fiscal ha pedido que se deduzca testimonio de sus declaraciones por si han incurrido en falsedad. Ellos no conocen a nadie, no saben nada de contactos con sicarios para extorsionar o intimidar a testigos clave de los hechos que constituyen el núcleo duro del disperso y complejo caso Cursach.
La negativa por bandera irreductible. La han utilizado José María Rodríguez y Álvaro Gijón, ahora también Cursach y Sbert. Con estas actitudes y comportamientos se desencajan bastantes piezas del eslabón de imputaciones penales. Para unirlas otra vez permanece como mejor herramienta la profundización en los elementos documentales y el repliegue de evidencias de lo ocurrido.
Estas son las causas por las que al caso Cursach y sus satélites todavía les queda un largo recorrido. Ante la falta de colaboración, se resaltan y cogen mayor relieve los trabajos profesionales de los instructores. Es el amparo de la Justicia.
