El juez José Castro tendrá que archivar la pieza separada del caso Palma Arena relativa a la compra por el Govern de Jaume Matas del videomarcador para dicho velódromo público, debido a que ni la fiscalía anticorrupción ni la Abogacía del Comunidad Autónoma formulan acusación alguna.
La última parte en pronunciarse a favor del carpetazo al caso ha sido el Govern. La fiscalía ya pidió hace unos meses el sobreseimiento de la causa.
Según la Abogacía de la Comunidad Autónoma, no existen indicios de que el concurso público para el videomarcador (que costó a las arcas públicas casi 2,3 millones de euros) fuera amañado en favor de la empresa Odeco.
La acusación particular mantiene que no hay indicios delictivos contra los imputados, especialmente en los casos de José Luis, Pepote, Ballester, exdirector general de Deportes, y Miguel Romero, el dueño del grupo de empreas de publicidad Nimbus.
Los principales imputados en esta pieza separada son José Luis Pepote Ballester, el director general de Deportes del Govern entre 2003 y 2007; Rafael Durán, exedil de Deportes de Cort y presidente del Consorcio para la Construcción del Palma Arena; Jorge Moisés, gerente del velódromo; y Miguel Romero, dueño de la agencia de publicidad Nimbus, que hizo las campañas electorales del PP de Balears de 2003 y 2007 y que ha admitido una financiación irregular de ese partido.
También están encausados otros tres implicados: dos vinculados a Odeco Electrónica S.A. y a su filial Smartvisión S.A.S. (la ganadora del concurso), Juan Carlos Rovira del Canto, representante legal) y Ricardo Arroyo Botana, directivo de las compañías y cuñado de Miquel Romero; y el técnico Sebastià Rotger.
Según mantenía Castro, el presunto amaño del concurso para el videomarcador se produjo meses antes de la licitación, como lo demostraría un correo electrónico de Romero dirigido a su cuñado Arroyo. En ese mensaje el publicista afín al PP le dice a su cuñado que "cuando te concedan el presupuesto del velódromo de Palma firmaremos un contrato con Odeco como patrocinador del Mundial (de Ciclismo en Pista)".
Romero le pidió a su cuñado un patrocinio de 150.000 euros para el campeonato que se celebró en mayo del 2007 en el velódromo Palma Arena, dinero que cobró la empresa Nimbus.
El magistrado afirma que de las cuatro empresas que se presentaron al concurso para el videomarcador dos eran de la misma compañía (Odeco y Smartvisión) y nadie de la mesa de adjudicación reparó en esa relación. Esos licitadores fueron los que obtuvieron las puntuaciones más altas y, finalmente, el contrato fue adjudicado (el 11 de diciembre del 2006) a Smartvisión.
El juez destaca que las ofertas de las dos compañías eran idénticas, aunque una de ellas estaba supuestamente elaborada en Francia y la otra en Badalona. Las plicas venían firmadas el mismo día y por la misma persona.
El Govern de Jaume Matas decidió gastarse poco menos de dos millones en el videomarcador, que era uno de los equipamientos estrella del velódromo por sus avances tecnológicos. Sin embargo, el aparato costó unos 300.000 euros más.
