Los toros ya no podrán morir en las plazas de Balears. Ni morir, ni ser maltratados. Solo habrá tres astados, estarán un máximo de diez minutos en el ruedo y a los toreros no se les permitirá utilizar más que el capote. Queda prohibido banderillearlo, picarlo y acabar con su vida con la espada o cualquier otro objeto punzante. Los partidos del Pacto dieron ayer luz verde a lo que han bautizado como 'toros a la balear, la nueva regulación de la tauromaquia en las islas, sin sangre ni muerte.
La nueva ley, que regulará las corridas en el archipiélago y que impedirá el maltrato y la muerte del animal en los festejos, salió ayer adelante en el Parlament con el apoyo de PSIB, Més y Podemos y con la oposición de PP, Ciudadanos, el Pi y las dos diputadas expulsadas del partido morado.
Los toros a la balear, sin sangre ni muerte, y que exigirán controles antidopaje a toros y toreros, han sido la salida de los partidos del Pacto que gobierna en las islas para sortear las indicaciones del Gobierno central, que ya ha alertado que Balears no tiene competencias para prohibir la tauromaquia y adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el año pasado la prohibición de los toros en Cataluña.
Matar al toro: 100.000 euros
En la sentencia sobre la medida catalana, el alto tribunal sentenció que las autonomías tienen competencias para regular los espectáculos y para proteger a los animales. Sin embargo, al estar declarados patrimonio cultural, la prohibición del festejo invadiría competencias del Estado. En esta línea, los partidos de izquierda en las islas aprovechan el resquicio que permite a las autonomías "regular" la tauromaquia para impedir la muerte del astado.
Aunque la nueva ley no prohibirá explícitamente las corridas, las nuevas exigencias incorporadas, incompatibles con el desarrollo tradicional de estos espectáculos, equivalen al fin de los toros en las islas. Al menos, ese es el objetivo último de los legisladores: disuadir a los promotores taurinos de celebrar estos festejos en las plazas del archipiélago.
Desde la entrada en vigor de la nueva norma con su publicación en el Boletín Oficial -previsiblemente este fin de semana-, la celebración de una corrida en la que se hiera o se mate al toro acareará sanciones de hasta 100.000 euros.
Lo mismo ocurrirá si se permite la entrada de menores de 18 años en las plazas o si se venden en ellas bebidas alcohólicas. Los organizadores deberán además disponer de un cartel que advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad del espectador o, de lo contrario, se enfrentarán a una multa de hasta 10.000 euros.
Para los partidos de la oposición, que votaron en contra de la norma, "la ley es carne de Tribunal Constitucional". De hecho, el diputado del PP, Migue Jerez, avisó que la formación pedirá amparo al alto tribunal y auguró que les "dará la razón". "No tiene nada que ver con el bienestar animal, es un ataque a la libertad", criticó el popular, que acusó al Pacto de "estar rechazando la cultura".
Desde Ciudadanos, su portavoz, Xavier Pericay, tildó de "absurdo" la regulación de las corridas. "No tendrá ningún recorrido. Enseguida que haya un recurso al Constitucional, quedará en nada".
Por su parte, el Pi, que evitó defender el festejó, coincidió en señalar que "se está haciendo un concepto peligroso, el de ley a la balear que no se puede aplicar", cuando "de todos modos las corridas desaparecerán tarde o temprano". "A la mayoría de gente le preocupan más otro tipo de cuernos", señaló su líder, Jaume Font.
El correbou, sin cuerdas
Finalmente, la nueva ley salva el correbou de Fornalutx. Eso sí, el tradicional festejo deberá adaptarse a las exigencias de la ley, y por lo tanto evitar el maltrato del animal. Para ello, el buey no podrá ir ensogado por cuerdas en las astas a su paso por las calles del pueblo como hasta ahora. Por el coste de cerrar las vías del municipio, la medida supondrá, además, que se celebre en un recinto cerrado. Al final del festejo, el toro ya no podrá ser sacrificado en el matadero local para su posterior reparto entre los vecinos del municipio.
Aunque Podemos y Més planeaban su prohibición, la oposición del PSIB y la reformulación de la ley tras la sentencia del Constitucional han abierto esta salida al festejo, lo que ha quedado incorporado mediante una enmienda y que ayer recibió el apoyo de todos los partidos de la cámara. Sólo se opusieron las dos diputadas expulsadas de Podemos, Xelo Huertas y Montse Seijas.
La norma también prohibe los circos con animales, el tiro al pichón así como prácticas ya ilegales como las peleas de gallo. Quedan al margen los espectáculos con animales domados, lo que deja fuera de la norma los Jocs des Pla de Sant Joan de Ciutadella.
