El Gobierno central y el Govern balear continúan a la gresca por el reparto del dinero que los baleares asignan a fines sociales a través de la casilla correspondiente en la declaración de la Renta. Si en mayo la noticia fue que las autonomías por fin habían conseguido que Madrid escuchase a los tribunales y entregase a las regiones el dinero de sus ciudadanos para que los asignasen directamente a las asociaciones sociales que consideren, ahora el conflicto se reactiva por las maniobras del Gobierno central para evitar perder control sobre un dinero que antes repartía a su antojo, muchas veces regando con dinero balear a ONG con arraigo solo en otras comunidades. En la pelea por conservar ese poder, el Gobierno Rajoy está ocultando a las autonomías cómo reparte el dinero de ese 0,7% social entre ellas.
Lo denuncia la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago (Més), que explica que la semana pasada el Ministerio del ramo les remitió un correo en el que informaban de que no van a detallar cómo desglosan los 300 millones de euros que los españoles dedican cada año a fines sociales en su declaración de la Renta. "Dicen que a cada comunidad le darán su dato y nada más. Eso es opacidad y falta de transparenciafalta detransparencia. Supone ningunear a las comunidades e incumplir su acuerdo con ellas. También implica que el Estado está haciendo dejación de su obligación de coordinar", lamenta Fina Santiago, que sospecha cual es el objetivo de estas maniobras del Gobierno Rajoy: "Buscan que tengamos el menor conocimiento posible unas de otras, y si nos falta información no podemos negociar. Quieren dificultar que sepamos si el Estado se queda más o menos de lo que le corresponde y que no estemos al tanto de lo que tienen otras regiones. Creo que hay comunidades que reciben más de lo que recaudan y por eso andan haciendo estas cosa. Estamos indignados".
La consellera Santiago recuerda además que el desglose del reparto de todos los demás impuestos se hace de forma transparente a través del Ministerio de Hacienda. El resultado, por cierto, es que cada vez que se conoce la asignación de los recursos del sistema para cada región, Balears alza la voz por ser siempre la primera o la segunda autonomía que más aporta por habitante a la caja común, para luego quedar relegada al noveno o el décimo puesto a la hora de recibir. En el caso de la casilla social de la Renta, en cambio, no se informa, algo que Fina Santiago considera especialmente grave por la naturaleza de esa asignación: se trata, argumenta, de fondos que cada ciudadano de estas islas decide destinar directamente a fines sociales y tiene derecho por ello a que el Estado respete su voluntad y entregue ese dinero a asociaciones clave en su entorno.
El Gobierno aún no ha pagado
Para completar la opacidad, el Estado también se ha negado a detallar este último año cuánto han destinado los baleares a la Iglesia Católica (la otra opción que contempla la declaración). En este caso se sospecha desde el Govern que la ocultación busca evitar que se sepa si están usando dinero de los católicos de las islas para nutrir a otras regiones. Y eso que Balears es ya una de las comunidades con menos cristianos fiscalmente practicantes: en el último año del que hay datos, 2015, los ciudadanos asignaron 5 millones de euros a la Iglesia y 7,5 a fines sociales.
Al oscurantismo del Gobierno se le añade un factor de especial preocupación en el llamado tercer sector: el Estado debería haber entregado ya los 7,5 millones que Balears distribuirá durante 2018 entre las ONG, pero según asegura Fina Santiago, ese dinero aún no se ha ingresado. Y aunque los fondos sean para 2018, el retraso tiene muy preocupadas a asociaciones que están siendo fundamentales para que las islas afronten la fuerte crisis social que ha seguido a la recesión económica de 2008. Todo porque mientras no llega el dinero, el Govern no puede abrir la convocatoria pública con la que se entregan las únicas ayudas que dan por seguras asociaciones como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre o Aspaib. "Necesitan saber cuanto antes el dinero que recibirán, porque de esos ingresos dependen por ejemplo sus plantillas", aclara Fina Santiago, que enviará una carta a la ministra de Servicios Sociales, Dolors Monserrat, para comunicarle la indignación del Govern y exigir la información que corresponde a las comunidades.
