En medio de la tempestad política que esta semana ha dejado en el aire la persecución del alquiler turístico ilegal, impunidad. Descontrol. Abusos. Economía sumergida. Desmadre. Oferta ilegal. Jungla: las lagunas de la legislación turística de 2012 (Bauzá, PP) y las que ahora aparecen tras la confusión con la que Podemos y el propio PP han desarmado la ley con la que el Govern de PSOE y Més iba a castigar el arrendamiento irregular de pisos, abonan una selva de explotación salvaje de la vivienda. Era frondosa y ahora lo es más. En ella todo cabe. Diario de Mallorca ha documentado e identificado en las últimas dos semanas desde apartamentos ilegales que se comercializan como falsos hoteles a edificios completos de pisos residenciales que venden noches a turistas sin cumplir los requisitos de la ley.

Y entre medias, en el jardín salvaje del alquiler ilegal florecen ofertas que comercializan tiendas de campaña en espacios públicos, furgonetas en parques protegidos, barcos reconvertidos en suites flotantes y hasta almacenes, sótanos, garajes y locales, en los que florecen literas de diseño y camastros improvisados para alojar a trabajadores de temporada sin techo e incluso a mochileros de paso, derivados de hoteles y youth hostels con overbooking.

Casi todo ello es ilegal. Casi nada es perseguido con eficacia. Ni lo era con la ley anterior, ni parece que lo vaya a ser de momento con la nueva: tras el fiasco que llevó el martes a la modificación de la nueva normativa en el último momento y por voto combinado de Podemos, PP y Ciudadanos, en Turismo confirman que queda suspendida la ofensiva prevista para primero avisar y luego sancionar a los miles de propietarios de pisos en edificio plurifamiliar que alojan irregularmente a turistas. Y así, parada, seguirá la campaña de sanciones que debía de empezar en los próximos días. Y así seguirá, en el mismo limbo de una normativa de alquiler inaplicable, hasta que los partidos del Pacto se pongan de acuerdo para reforma la ley recién reformada, de modo que sea útil para multar a quien aloja a turistas sin licencia en pisos de bloques residenciales.

Por ahí se satura Mallorca. O más bien, el centro de Palma, que alberga a la vez la sede de las instituciones que deben perseguir el alquiler ilegal y a la mayoría de los infractores y espabilados que han visto en las lagunas de la ley o directamente en la ilegalidad una oportunidad de negocio. Que de todo eso hay. Ilegalidad flagrante y pillería legal.

El hotel del piso de al lado

Un caso destacado, por su descaro, es el de la empresa Ipsum Hotels. Con ese nombre cabría pensar en una cadena hotelera al uso, pero no es el caso: son los gestores del Hotel Bosch, ubicado encima del Bar Bosch, en el mismo edificio. Lo explotan legalmente, con una licencia de Turismo Interior, una tipología que es un coladero para el alquiler turístico en apartamentos del que más tarde hablaremos. En ese Hotel Bosch, Ipsum ofrece apartamentos y suites dentro de la normativa. Nada que reprochar: fueron listos para ver el coladero de la ley de Bauzá y sus licencias de turismo interior en pisitos residenciales.

Un falso hotel que exhibe placa en la puerta, para sorpresa de los vecinos.

Pero es que además la empresa vende apartamentos en edificios plurifamiliares de la plaza Major y la calle Sant Miguel. Se encargaron de denunciarlo los propios vecinos, que un día abrieron su portal y se encontraron junto al telefonillo del portero automático de la puerta de entrada desde la calle la placa de Ipsum Hotels. Con lo que hoy, en un edificio residencial de la plaza Major, conviven una quincena de pisos de los vecinos de toda la vida (alguno alquilado a la nada desdeñable cantidad de 800 euros al mes), con cuatro apartamentos vendidos como parte de un falso hotel. ¿Legal o ilegal? En la empresa dicen que ellos han presentado una Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística, el trámite con el que cualquier propietario avisa a la conselleria de Turismo de que va a alojar a turistas.

Y es cierto, solo que ya pesa sobre ellos un expediente de infracción, abierto por Turismo tras la denuncia vecinal. En él se documentan irregularidades como que están vendiendo como hotel algo que no es un hotel ("un nuevo concepto de hotel", promete su web), o que no cuentan con la debida identificación (un cartelito de 40x40 centímetros en el que debería poner TI, turismo interior). Con lo que pronto llegará la sanción de Turismo, que a veces (pocas) actúa de oficio y otras, como esta, acude a comprobar denuncias vecinales. ¿Y qué dicen los vecinos del lugar? Pues que no lo entienden: "Llegas un día al portal de tu casa y te enteras de que te han puesto un hotel en el edifico", cuenta uno de ellos, consciente de que "por estos abusos estamos pagando las burradas que piden por alquilar en el centro de Palma".

El coladero de "turismo interior"

En el caso de Ipsum hay expediente de sanción por las irregularidades detectadas, pero la cosa es que, por recovecos de la ley Bauza de 2012, el negocio en los cuatro pisos de plaza Major podría ser perfectamente legal. ¿Cómo? Pues con esa tipología, el "turismo de interior" (¿para cuándo la licencia de "turismo exterior" en colchón sobre coche, como en Eivissa?). Lucir la placa de turismo interior permite, sin grandes exigencias,que en cualquier edificio anterior a 1940 se alojen turistas, por mucho que se trate de un edificio plurifamiliar de viviendas.

El coladero queda tímidamente cerrado en la nueva ley: a partir del miércoles, cuando entrará en vigor oficialmente la nueva ley turística, para solicitar licencia de turismo interior habrá que tener al menos cinco unidades de vivienda dentro del mismo edificio (siempre que sea previo al año 1940). Es decir, cinco pisos o apartamentos de los que componen el bloque. ¿Resultado? Pues que esos fondos de inversión e inmobiliarias (la mayoría nórdicas y centroeuropeas) que han adquirido edificios viejos en el casco antiguo de Palma podrán, también con la nueva ley en la mano, dedicar bloques residenciales enteros al alquiler turístico, aprovechando para ello la figura del turismo interior: ni un sueco sin derecho a vacaciones en el centro. Por eso en inmobiliarias del centro de Palma anuncian edificios viejos, completos y sin reformar, de "14 habitaciones y 300 metros cuadrados"por cuatro millones de euros: la casa de la abuela de ayer es el hotel de mañana.

Ilegalidad sin máscara

Por ahí se han colado los expertos en buscarle las cosquillas a una normativa (la de Bauzá en 2012) que hacía aguas. Otros no se han esforzado tanto en forzar la legalidad y simplemente se dan a la ilegalidad. Sin más. Un paseo de una hora por las calles cercanas a Colón, Sindicat, Sant Miquel y el barrio de sa Gerreria basta para localizar más de veinte pisos que albergan a turistas al margen de la ley. Están en edificios plurifamiliares de viviendas y muchos de ellos se anuncian por canales turísticos como AirBNB. Es decir, cumplen todo lo que la ley Bauzá marcaba como ilegal. Pero llevan años actuando. Algunos hasta le cobran la ecotasa a sus clientes, que es ya como una burla: no se han dado de alta como actividad turística, básicamente porque no tienen permitido hacerlo, pero aun así le cobran el euro por noche a sus huéspedes.

Más caja para el mismo bolsillo pirata, según desvelan clientes entrevistados por este diario, que aseguran tres cosas: primero, que no sabían que en Balears es ilegal el alquiler en pisos de edificio plurifamiliar; segundo, que nadie les ha pedido los dos meses de fianza con los que su estancia en piso turístico o residencial podría llegar a ser legal a través de arrendamiento por Ley de Arrendamientos Urbanos; y tercero, que estaban convencidos que estaban pagando la ecotasa porque es lo que marca la ley.

Pero no: en el jardín salvaje todo vale, desde cobrar una ecotasa en un piso turístico ilegal a arrendar un balcón para pasar la noche o comercializar como Hotel van Es Trenc una furgoneta con toldo en un descampado junto a la playa de es Trenc, como leyeron en este mismo diario.

El miedo convence

También está quien pasa del lado oscuro a la ley: el miedo convence.. Es el caso de un precioso edificio de apartamentos en primera línea de mar cerca de Can Pastilla. Operan en un bloque de tres plantas desde el verano 2016, alquilando apartamentos a turistas por precios de entre 185 y 205 euros la noche. Pero en enero presentaron declaración de inicio de actividad para regularizar su situación, razón que esgrimen para no cumplir con la exigencia de la ley de lucir su placa de identificación en la fachada. "Cuando la licencia sea definitiva la pondremos", esgrimen, tras pasar a la legalidad despues de meses al margen de ella.

Y ese ya es un paso a valorar en esta Mallorca de la inseguridad jurídica ligada a las lagunas de la ley de alquiler, que alientan el miedo a actuar de la gente honesta, al tiempo que alimentan el descaro del pillo o el desalmado. Ahí tienen si no el caso revelado por Diario de Mallorca en mayo, cuando se documentó la actividad ilegal de una empresa que se estaba dedicando a explotar viviendas de protección oficial mediante el alquiler turístico ilegal a través de AirBNB y HomeAway. Pedían por ellos 150 euros la noche y han acabado con 6.000 euros de multa.

Multas indoloras

¿Son muchos 6.000 euros de multa? Depende de a quien se los pongan. Lo aclara otro ejemplo de esta Mallorca del jardín salvaje. Aparece en la calle Colom de Palma. En la entrada del edificio del número 20 lucen las placas de tres webs dedicadas al turismo y el sector inmobiliario, que en el mundo AirBNB echan raíces cientos de webs de imitación del modelo. En este caso, las placas conducen a tres páginas distintas. Una ofrece como contacto un teléfono del Reino Unido y publicitan el alquiler turístico en un "apartment with roof terrace in Palma", o sea, un ático, que ubican en plaza Major. ¿Legal o ilegal? Pues con la ley que estará vigente hasta el miércoles en la mano, está prohibido comercializar el alquiler a turistas de pisos de bloque plurifamiliar. Ellos lo hacen. El precio son 633 euros la noche, por espacio para seis huéspedes en tres habitaciones. Volvemos a la pregunta: ¿Son muchos 4.000 euros de multa que marca la ley de Bauza de 2012 para estos casos? Ni muchos, ni pocos: son los que factura un piso ilegal como el citado en solo seis días. Y muchos menos de los que gana a la semana con su edificio de apartamentos ilegales un conocido hotelero de Cala Rajada. A miles de euros la semana de ilegalidad, ellos se pueden permitir el riesgo. O se lo podían permitir: con la nueva ley, la aprobada el martes, las multas serán de entre 20.000 y 40.000 euros, con el añadido de que además de pagar el propietario, la web cazada en falta se expone a una sanción de 400.000 euros.

El problema es que esa ley, tras el caos normativo provocado por el cambio introducido en el último momento por Podemos, PP y Ciudadanos, no está claro que pueda usarse para multar a pisos que aún hoy son ilegales, pero no lo serán desde el miércoles. Ese día entra en vigor una regulación concebida para acabar con la inseguridad jurídica, que ha conducido en cambio a la mayor inseguridad jurídica posible: el jardín del alquiler salvaje lo riegan los legisladores del Parlament balear.