El Parlament acaba de dar con la ley del alquiler turístico un ejemplo de lo que no deben hacer los legisladores: una norma confusa, contradictoria e incoherente que, además de crear una grave inseguridad jurídica, no resuelve el problema para el que se dictó.
Los legisladores, especialmente los grupos que dan su mayoría al Govern del Pacte, han sido negligentes. Quizás a algunos les viene grande la cosa pública y han estropeado el guiso por empeñarse en poner sus especias preferidas.
A día de hoy no sabemos si los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares (pisos) están prohibidos, son legales o simplemente tolerados. Con ese limbo legal difícilmente se puede controlar una actividad económica millonaria y que impide el acceso a la vivienda de alquiler a aquellos que no dispongan de más de 1.300 euros al mes para pagar la renta mensual.
El vicepresident del Govern, Biel Barceló, pidió ayer perdón por el lamentable espectáculo y el caos ocasionado por culpa de Podemos, que, además de creer que tiene razón, no se entera de la pifia que ha hecho.
Pero la responsabilidad es de todo el Govern del Pacte por no consensuar una norma clara, respetuosa con el resto del ordenamiento y la Constitución y que coja el toro por los cuernos.
Es necesario, aunque duela a algunos propietarios, prohibir o restringir al máximo los alquileres turísticos en localidades como Palma, Eivissa capital y otras. En caso contrario muchas familias no van a poder acceder a una vivienda digna y algunas zonas residenciales se van a degradar por un turismo incontrolado y desatado.
El PP, apático como nunca, se frota las manos ante la incompetencia y división del Pacte y fiel a su espíritu liberal aboga porque la situación siga como hasta ahora: la ley dice una cosa, pero la realidad del mercado de alquileres turísticos es muy diferente.
