Miguel Pérez Marsá, el actual máximo ejecutivo del Grupo Cursach y sucesor del empresario al frente de las sociedades, será en breve citado a declarar como investigado. El juez sospecha que el directivo organizó una especie de trama para desvirtuar toda la investigación, buscando fotografías que demostraran que uno de los policías que está participando en la instrucción mantenía una relación sentimental con la testigo clave del caso. Una relación que, por cierto, no existe.
La pasada semana, días antes de que se celebrara el juicio contra el sobrino de Cursach -acusado de amenazar a dicha testigo-, los investigadores tuvieron conocimiento de dichas maniobras. Se citó a un joven que colabora en una agencia de detectives, que confirmó que Pérez Marsá le había encargado que gestionara la búsqueda de dicha fotografía. A cambio de dicho encargo recibiría 1.000 euros.
Este individuo fue inicialmente citado como testigo, pero después fue detenido, e incluso, pasó varias horas en los calabozos antes de volver a declarar. Al verse de nuevo frente al juez decidió cambiar de versión y reconoció que había intentado buscar una fotografía comprometida del policía para entregarla al actual máximo ejecutivo del Grupo Cursach.
Días después, en el juicio del sobrino del empresario, el fiscal Subirán quiso que este joven declarase como testigo. La intención era contextualizar la situación que han venido sufriendo los testigos que han decidido colaborar en la investigación y han contado hechos que perjudican gravemente al empresario. El joven fue muy explícito y confesó que había sido contratado por Pérez Marsá para que buscara dicha fotografía.
Relación con policías
Contó también que, dentro del ambiente que se mueve, conoce a algunos policías. Se puso en contacto con uno de ellos, con el que quedó citado. Le pidió si conocía al inspector que participaba en la investigación del caso Cursach (el funcionario no sabía en ese momento de qué se trataba) y después le pidió si podía encontrarle una fotografía de dicha persona con la testigo, ya que le habían informado que mantenían una relación sentimental. La intención del encargo era clara: si se podía demostrar que estas dos personas mantenían una relación más allá de lo profesional, la investigación policial del caso Cursach quedaría en entredicho.
El colaborador de la agencia de detectives (figura que está prohibida en la seguridad privada) le indicó al funcionario que estaba dispuesto a pagarle si le encontraba dicha imagen, ya que a él le habían prometido que le entregarían mil euros si conseguía el encargo que supuestamente le habían realizado desde el Grupo Cursach.
Este policía al que se le encargó que localizara esta fotografía puso en conocimiento de su superior la oferta que había recibido. Sospechó que se trataba de un montaje y que la propuesta respondía a una maniobra para entorpecer la investigación de la trama de corrupción que ha llevado a la cárcel al más poderoso empresario del sector nocturno de la isla.
Con otro policía
El joven, según confesó en el juicio, también se entrevistó con un segundo policía. No era amigo suyo, sino que era un conocido de su padre. Quedaron citados en un bar y al encuentro acudió su progenitor. El policía se mostró sorprendido por la oferta que le estaban haciendo y dio por terminada la reunión. También informó de dicha propuesta a sus superiores.
Encontrar esta fotografía no era el único encargo que le encomendó el ejecutivo del Grupo Cursach. También le propuso, a cambio de dinero, que le consiguiera copia de todas las denuncias policiales en las que apareciera el nombre de la testigo. Esta mujer es la misma que ha declarado que Bartolomé Cursach, entre otras cosas, financiaba las orgías sexuales con prostitutas a las que acudían José María Rodríguez y Álvaro Gijón. El agente, aunque le dijo que podía acceder a esta información informática, no podía ayudarle porque el acceso a estos informes siempre deja un rastro y no se puede acceder a los datos de una persona sin un motivo justificado.
El juez Penalva, como ha hecho en todos los casos de amenazas que se han producido durante la investigación secreta del caso, ha abierto una nueva causa. Su principal prueba es, precisamente, la declaración del ayudante de detective, quien al ser citado como testigo en el juicio de esta semana, no tuvo reparos en señalar la identidad de la persona que le había realizado dicho encargo. El juez, con toda seguridad, citará a declarar a Pérez Marsá, en condición de investigado por un delito de obstrucción a la justicia, para que aclare los motivos por los que encargó la búsqueda de un fotografía y si con esta imagen pretendía organizar un montaje para poner en cuestión la investigación.
Por otra parte, esta mañana están citados a declarar los dos políticos, Rodríguez y Gijón, sobre el asunto de las orgías sexuales con prostitutas que ha descrito la testigo clave del caso Cursach. La mujer, para demostrar que no miente, ha aportado una especie de agenda del prostíbulo, con nombres y fechas.
