Que el mercado inmobiliario mueve miles de millones de euros no es nada nuevo. Que una parte de ese volumen es opaco, tampoco. Por ello la Agencia Tributaria tiene bajo la lupa a una de las webs con más volumen de negocio en el alquiler turístico: Airbnb.
Según publica El Economista, Airbnb opera en Europa a través de una compleja red societaria con sede en Jersey, un paraíso fiscal británico.
La empresa, según datos de Terraferida, ofrece 14.858 alojamientos en alquiler en Mallorca, que suponen 109.133 plazas, mientras que en abril en Ibiza y Formentera comercializaba 2.741 viviendas, lo que supone más de 21.000 plazas. En total, en España comercializa unas 35.000 viviendas de alquiler vacacional, lo que evidencia el volumen de negocio que genera.
El beneficio que declara Airbnb
El diario económico ha tenido acceso a las cifras que ha presentado Airbnb en España respecto al beneficio económico de 2015 (últimos datos de que se disponen) y la web declara unos beneficios antes de impuestos de 189.210 euros, de los cuales pagó a la Agencia Tributaria 81.285 euros.
Una cifra que no tiene nada que ver con la presentada por Terraferida el pasado mes de abril, cuando hizo público un informe en el que aseguraba que el negocio de Airbnb en Baleares ha facturado entre enero de 2016 y marzo de 2017 más de 294,3 millones de euros, de los cuales se queda con un porcentaje, a pesar de que la multinacional reconoce solo 115 millones. Según explica Terraferida, muchos de los alojamientos no declaran ningún ingreso. Es previsible, por lo tanto, que estas cifras sean muy superiores.
¿Y cómo puede ser, entonces, que ante Hacienda haya registrado unos beneficios tan bajos teniendo en cuenta la cantidad de viviendas que gestiona? Pura ingeniería financiera.
El Economista explica que la razón estriba en que la filial de España -Airbnb Marketing Services- se dedica únicamente a prestar servicios de marketing que le factura a la sociedad irlandesa a la que pertenece y en este ámbito, lógicamente, los beneficios son menores a los que se registran por ser el intermediario en el alquiler de viviendas vacacionales.
Todo este entramado financiero está ahora en el punto de mira de Hacienda debido a la cantidad de impuestos que se "pierden" las arcas nacionales. Además de que con la nueva ley de alquileres turísticos aprobada recientemente por el Parlament balear, este tipo de plataformas se enfrentan a multas hasta de 400.000 euros por comercializar inmuebles sin licencia turística.
