El juez Manuel Penalva ha elevado un escrito a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para que asuma el final de la instrucción del llamado caso ORA. Envía el sumario a dicha Sala debido a que uno de los principales acusados, Álvaro Gijón, es diputado autonómico y, por tanto, disfruta de la condición de aforado. El juzgado de instrucción, pese a que esté convencido de la implicación del político en el presunto amaño de dicho concurso, no puede adoptar ninguna decisión sobre dicha persona aforada, responsabilidad que le corresponde al Tribunal Superior, que preside el magistrado Antoni Terrasa.

La Sala de lo Penal debe decidir si acepta o no dicha competencia y si lo hace tendrá que nombrar un juez instructor, que deberá determinar si existen motivos suficientes para sentar en el banquillo a Gijón, que se enfrentaría a duras penas de prisión. Esta decisión arrastraría también al banquillo, en un juicio ante el TSJB, al resto de imputados por el presunto amaño del concurso, todos ellos funcionarios del Ayuntamiento de Palma que intervinieron en el proceso para adjudicar a la empresa Roig el proyecto del parking regulado.

En el extenso auto, el magistrado manifiesta su convencimiento de que el concurso fue amañado y va detallando las pruebas que se han recogido en la investigación que demostrarían esta conclusión. Hace especial hincapié en varios puntos: por una parte, señala que no es lógico que de un proyecto deficitario para el Ayuntamiento de Palma como es la ORA, se eligiera la oferta económicamente más cara que el resto de proyectos. En concreto, la oferta de Roig era cinco millones de euros más cara, en un periodo de cuatro años, que su principal competidora. Pero además, según resalta el magistrado, en la puntuación de las mejoras técnicas, la comisión de Cort otorga los mismos puntos a Roig, que solo ofertaba varias bicicletas eléctricas, que a otra de las empresas, que se comprometía a cambiar todas los parquímetros de la ciudad, con una inversión de más de un millón de euros.

En la exposición razonada se destaca también la irregular actuación del funcionario de Cort que dirige el departamento de Mobilidad. Resalta que Femenías tuvo una intervención clave en el amaño de dicho concurso, manipulando y controlando desde el principio todo el proceso administrativo para adjudicar el proyecto de la ORA al empresario Roig. También destaca el juez que no tenía ningún sentido que la otra empresa adjudicataria, Dornier, acudiera a este concurso en una UTE junto a Roig, cuando anteriormente había conseguido este proyecto presentándose en solitario a los procesos, sin la necesidad de un socio.