El Consell Consultiu avala que el Govern pueda obligar a los bancos (a los "grandes propietarios" en general) a ceder pisos vacíos para que el Ejecutivo autonómico pueda ofertarlos en alquiler social.

El dictamen final del Consultiu sobre la ley de vivienda da su visto bueno a esta cesión forzosa, que afectará a los particulares, empresas o entidades financieras que se dediquen a hacer negocio en el sector de la vivienda (con alquiler, venta, promoción...) y tengan más de diez inmuebles vacíos. El órgano de consulta recomienda, eso sí, hacer un plan de necesidades que acompañe esta medida para acotar cuántas viviendas harían falta para solucionar los problemas de alojamiento de las familias con necesidades en las islas. Para confeccionarlo, la referencia serían las 2.500 familias que están ahora mismo en lista de espera para obtener una vivienda social.

Así lo señaló el conseller de Territorio, Marc Pons, a este diario, tras haber recibido el dictamen del Consultiu el viernes a última hora.

El informe de los juristas llega tras haber suscitado un potente debate en su seno, que finalmente se ha saldado con un informe aprobado por unanimidad que incluye una serie de matices y una advertencia sobre una posible inconstitucionalidad. El Consultiu insta a la retirada de la ley del artículo que obligaba (con sanciones de hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento) a las entidades financieras a ofrecer un piso a aquellas familias sin recursos que estuvieran en proceso de desahucio. "Nos han advertido de la posible inconstitucionalidad de este punto y por ello lo retiraremos", indicó Pons.

A pesar de que el informe del Consultiu es preceptivo pero no vinculante, el conseller señaló que acatarán todas las modificaciones e incluirán todos los matices sugeridos por el órgano de consulta. Argumentó que quieren que la ley sea "lo más fuerte posible a nivel jurídico" para evitar posibles recursos posteriores que frenen su puesta en marcha, como le sucedió a Andalucía con su ley de vivienda, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional.

Fortaleza jurídica

"Haremos todas las modificaciones para que el Gobierno de España reconoza la fortaleza jurídica de la ley y no entre en batallas políticas", apuntó el conseller, que aplaudió que el Consultiu haya dado su beneplácito "al conjunto de la ley, a su filosofía y espíritu".

El Pacte renuncia a poder obligar a los bancos a ceder un piso a las familias desahuciadas, pero Pons considera que esta retirada en realidad queda compensada al mantenerse la posibilidad de obligar a los "grandes propietarios" (categoría en la que entran los bancos) a ceder sus pisos vacíos al Govern para que éste los pueda destinar al alquiler social.

La ley contempla la creación de un registro de estas viviendas vacías y da a los propietarios tres meses para incluir en él los inmuebles que lleven sin ocupar dos años.

El Consultiu recomienda una serie de cambios que el Govern empezará mañana mismo a acometer en el texto legislativo. Así, además del plan de necesidades, desarrollará más el reglamento sobre las ayudas que prevé la ley y desglosará más el estudio económico que acompaña a la norma. "No son cambios tan complejos", consideró el conseller Pons, que señaló que su intención es que esta ley pueda pasar por Consell de Govern para ser aprobada el próximo día 4 de agosto o, como muy tarde, el día 28.