El juez Penalva desmontó ayer el intento de desacreditar a la testigo clave que implica al sobrino de Cursach, al que acusa de haberla amenazado al conocer que iba a declarar en la causa de corrupción. Ayer dos testigos que habían acudido al juzgado para desacreditar a la testigo, terminaron siendo imputados al descubrirse que su declaración estaba repleta de contradicciones y que lo que estaban contando no se ajustaba a la verdad. Una de estas personas, no solo fue imputada, sino que incluso el juez ordenó su detención, si bien después la dejó en libertad.
El próximo lunes está previsto que se celebre el primer juicio derivado del caso Cursach. No se sienta en el banquillo al empresario, sino a su sobrino, que aparece como administrador de muchas de las empresas que gestiona el grupo Cursach. El joven está acusado de haber amenazado a una testigo, que es precisamente la mujer que ha manifestado ante el juez que el magnate de la noche financiaba con su dinero las orgías sexuales que, según ella afirma, disfrutaban José María Rodríguez y Álvaro Gijón. Esta mujer reside en una casa del sobrino del empresario y mantienen un conflicto sobre el alquiler. De hecho, Pedro Rosselló declaró que, en efecto, fue a hablar con esta mujer, pero no para coaccionarla, sino para pedirle que le pagara el dinero del alquiler que le debía.
El juez Penalva ha venido denunciando en sus últimos escritos las maniobras que se han detectado en la investigación para amenazar o coaccionar a testigos, con la intención de que cambien el contenido de sus manifestaciones. De hecho, los investigadores están convencidos que desde el entorno del empresario, ahora mismo encarcelado, se ha pagado dinero a personas, bien para que no colaboren en la investigación, o bien para que acudan al juzgado a denunciar situaciones que no son ciertas. Los últimos dos ejemplos se produjeron ayer. El juez tomó declaración a dos personas y ambas acudieron para cargar contra la testigo protegido, aportando datos para demostrar que es una persona conflictiva y que tiene la costumbre de mentir.
Uno de los testigos que ayer fue citado a declarar es un trabajador del gimnasio Megasport. Se trata de un albañil, que ayer incluso se atribuyó un delito de falsedad con el único propósito de desacreditar a la testigo protegida. Este testigo acudió al juzgado acompañado por uno de los abogados del empresario. Manifestó que había realizado una factura falsa para la testigo por unos trabajos que no se habían realizado. Es decir, se atribuía un delito de falsedad, con el principal propósito de cargar contra la mujer que implica a su jefe en la financiación de las fiestas sexuales de los políticos. Esta persona entró como testigo en el despacho del juez, y salió imputado, si bien sin ninguna medida cautelar.
En la Guardia Civil
Este trabajador del gimnasio del polígono de Can Valero, antes de acudir al juzgado para declarar ante el juez Manuel Penalva, se personó hace unos días en el cuartel de la Guardia Civil. No presentó denuncia en la Comandancia de la Benemérita, sino que acudió al cuartel de Marratxí. El agente que le tomó declaración ya detectó graves contradicciones en su declaración.
Este testigo contó que había sido contratado por la testigo clave para realizar unos trabajos de reforma en un piso, que no llegó a realizar, pero que elaboró una factura como si los hubiera terminado. Es decir, confesó ante un juez que había elaborado una factura oficial que no se correspondía con la verdad, de tal forma que se estaba atribuyendo un delito de falsedad.
Los investigadores pudieron comprobar que en la fecha de dicha factura la mujer que denunció al sobrino de Cursach ni siquiera estaba residiendo en el piso donde se realizaron las supuestas reformas.
