La trama ilegal de captación de votos a favor de Unió Mallorquina, financiada con fondos públicos, terminará en un pacto global con la fiscalía Anticorrupción. Todos los acusados han alcanzado un acuerdo, que en unos casos suponen penas de prisión y en otros el pago de sanciones económicas.
La negociación se ha prolongado más de lo esperado porque Josep Lliteras, el que fuera director insular del área de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca y posteriormente alto cargo del Govern, no quería aceptar las condiciones que solicitaba la fiscalía Anticorrupción, que suponían su ingreso en prisión. Lliteras se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel. La fiscalía se mostró dispuesta a rebajar esta pretensión, pero no aceptaba de ningún modo que evitara su ingreso en la cárcel. Lliteras debía realizar un confesión y reconocer parte de los hechos. Inicialmente quería defenderse frente a los graves delitos que le imputaba la fiscalía, pero finalmente ha rectificado y esta mañana se confesará culpable frente al tribunal que le va a juzgar. La pasada semana entregó un escrito a la Sala anunciando dicha confesión. Por consejo de sus asesores y ante el peligro de que el tribunal aceptara los ocho años de cárcel que pedía la fiscalía, ha aceptado el pacto.
Lliteras compartirá banquillo con otros siete acusados. Se trata de las personas que desviaron más de 200.000 euros de fondos públicos para financiar la trama de captación de votos a favor de UM. Apoyos electorales que se conseguían a través de la colonia de extranjeros, de origen latinoamericanos, asentados en Mallorca.
La fórmula para conseguir estos apoyos era subvencionar con dinero del Consell algunos actos que celebraban estos extranjeros. Estos inmigrantes también se dedicaban a loar el programa político de UM y los logros que se habían obtenido en el Consell de Mallorca durante la época gobernada por este partido.
Los responsables políticos también contrataron, a través de una empresa pública del Consell, a alguno de estos dirigentes de las asociaciones de inmigrantes. Teóricamente, estos extranjeros debían trabajar para dicha empresa, pero en realidad lo que hacían era dedicar todo su esfuerzo para conseguir votos a favor de Unió Mallorquina.
Cargos del partido
Entre los ocho acusados, cuatro de ellos son antiguos altos cargos de Unió Mallorquina. El resto son representantes de dichas asociaciones de latinoamericanos, que se beneficiaron económicamente de la trama. Estos acusados, según detalla el escrito de la fiscalía, presentaban facturas falsas para justificar unos trabajos que nunca realizaron. También presentaban facturas por proyectos que no tenían ningún tipo de utilidad pública.
Entre los actos que denunció la fiscalía estaba la financiación del certamen para elegir a la ganadora de Miss Baleares Argentina. También se financió la organización de asados.
