P Los datos facilitados por el Colegio que preside señalan que durante los seis primeros meses de este año se han visado proyectos para la futura construcción de 741 viviendas en la isla, de las que 458 son chalés y adosados. ¿Realmente éste es el producto que necesitan los mallorquines?.
R Es una realidad. Hay inversor de alto poder adquisitivo y se nota. Socialmente puede tener más interés la inversión que están haciendo muchos ciudadanos para reformar y rehabilitar su vivienda, que también presenta una tendencia muy positiva y es una intervención que no consume territorio y que favorece a las pequeñas empresas y a los autónomos.
P Durante los seis primeros meses de 2007 se visaron en Mallorca proyectos para casi 6.000 viviendas, un nivel al que no aspira a volver nadie. ¿Pero el actual volumen de plurifamiliar no reduce las opciones de las familias isleñas para acceder a su primera residencia?
R Sí, desde luego es significativo. El mercado está sustentado en estos momentos en el inversor de alto poder adquisitivo. No deberíamos olvidad de dónde venimos y qué nos condujo a la crisis que hemos vivido, y desde luego esas 6.000 viviendas de 2007 eran insostenibles. A la hora de desarrollar nuevos proyectos, lo lógico sería que la proporción de unifamiliar y plurifamiliar fuera la misma que la de la población que reside en este tipo de inmuebles, pero es cierto que en estos momentos se da un desequilibrio en este tema.
P Usted ha mencionado antes el interés social de la rehabilitación, pero ésta también puede ser costosa y no está al alcance de todos los bolsillos.
R Hay obras de todo tipo, no solo grandes rehabilitaciones que pueden superar el coste de una nueva construcción, sino también intervenciones más sencillas. Es un segmento que hay que cuidar. Las Administraciones deben de hacer planteamientos serios de cómo cuidar el parque inmobiliario existente. En Mallorca hay mucho construido y no siempre con la calidad que debiera porque los estándares actuales no tienen nada que ver con los que había en los años en que se levantaron muchos de los edificios existentes. Hay que promover políticas que mejoren la calidad de lo ya construido.
P Durante el primer semestre no se ha visado ni un solo proyecto de plurifamiliar en municipios tan importantes como Llucmajor, Manacor o Inca. ¿En ellos todavía hay pisos en oferta por los excesos cometidos en los años previos a la crisis?
R Es posible que todavía exista stock de vivienda en estos municipios. El caso más significativo fue Campos, donde se desarrollo un volumen de plurifamiliar para cubrir las necesidades del mercado de muchísimos años. En algunas zonas todavía se vive de rentas de lo que ya está edificado.
P ¿Cuál es la receta para que un residente pueda acceder a una vivienda a un precio asumible?
R Lo que puede hacer la Administración es favorecer las condiciones para dinamizar los sectores de la vivienda que llegan a más ciudadanos. Todas las políticas que faciliten la rehabilitación, que da más trabajo a pequeñas empresas y a autónomos, son positivas. Pero intervenir en el mercado para potenciar un segmento por encima de otro es complicado.
P Primer argumento de los promotores: con el precio actual del suelo, no se puede edificar vivienda asequible. ¿Se está volviendo a especular con él?
R En Balears claramente hay escasez de suelo y dificultades para generar nuevos terrenos urbanizables porque tenemos una limitación territorial. Eso influye en el precio del suelo de forma evidente. Y hay propietarios de suelo a los que quizás no les interesa promoverlo en estos momentos.
P ¿No es partidario de fijar plazos que obliguen a su desarrollo?
R Personalmente tengo reservas. El intervencionismo es muy complicado en este sector. Favorecer me parece bien; obligar, no tanto.
P Posible solución expuesta por el sector inmobiliario: hacer edificios más altos y pisos más pequeños para que les afecte menos el precio del solar y puedan ser más baratos.
R Lo comparto en cierta forma. En Palma, por ejemplo, hemos pasado de planes desarrollistas de los años 60 y 70, con edificios de 10 alturas en calles que no estaban preparadas para ello, al otro extremo, con solo plantas bajas y una o dos alturas. Hay un término medio. Las densidades demasiado bajas consumen muchísimo territorio, y un ejemplo claro de ello es Marratxí, con urbanizaciones extensivas que para un territorio como Mallorca no son sostenibles.
P La patronal de promotores advierte de que será difícil impulsar la demanda de vivienda mientras no mejoren los salaros y las condiciones laborables.
R Es cierto. Una lección de la crisis es que no se puede reactivar el mercado con movimientos especulativos, sino que se debe de sustentar en bases sólidas, y la recuperación del mercado laboral es fundamental.
P El plazo que los Ayuntamientos tenían para seguir dando licencias en urbanizaciones sin alcantarillado, a cambio de poner en marcha la dotación de estos servicios, concluye en su primera fase en breve. Pero muchos Consistorios no están cumpliendo ese pacto.
R Es uno de los problemas más acuciantes en materia de urbanismo. Es imprescindible que las Administraciones cumplan sus propios plazos y sus propias normas. A veces se nos pone cara de estupefacción cuando vemos como se vulnera este requisito.
P Una queja constante de su sector: los largos plazos con que la Administración tramita los proyectos. Algunos empresarios ven incluso premeditación con el objetivo de demorar desarrollos urbanísticos.
R A veces hay falta de voluntad. Uno de los principales puntos que cuestionamos del anteproyecto de ley de urbanismo que prepara el Govern es su excesivo administrativismo. Transfieren muchas responsabilidades a los ciudadanos en materia de plazos de respuesta o de caducidad, pero luego la Administración no resuelve en el tiempo que tiene fijado, y no pasa nada. Vemos en muchas ocasiones una clara inactividad, falta de diligencia a la hora de resolver. Se nos dice que no hay medios, pero quizás habría que replantearse los recursos que se destinan a departamentos que son muy sensibles, ya que se puede llegar a provocar un bloqueo en la economía.
P Tras un fuerte descenso en la actividad durante las crisis, los aparejadores vuelven a tener mucho trabajo. ¿De dónde sale?
R Trabajamos en muchos segmentos del sector de la construcción, y ahora viene mucho del segmento de la rehabilitación y de las reformas.
P ¿Este aumento de las reformas está vinculado al auge de los alquileres vacaciones?
R Tiene incidencia, sin duda.
P ¿Y no se está impulsando con ello la sensación de saturación que se vive en Mallorca?
R Esa sensación la estamos percibiendo todos los ciudadanos. Es verdad que parece que estamos por encima de la capacidad que tenemos para recibir visitantes, y el alquiler vacacional tiene cierta influencia en ello. Pensamos que es difícil poner límites mediante prohibiciones, pero sí exigir que cualquier actividad se desarrolle con unos niveles de calidad adecuados. Una vivienda destinada al alquiler turístico debería de cumplir con unos requisitos mínimos.
P Algunas de las ventajas que se concedían a los hoteles que se reformaban y aumentan su categoría concluyen este año. ¿Se deberían prorrogar?
R Es positivo que se incremente la calidad en la planta hotelera. Es un tema en el que operamos los promotores. Para empezar, son unas inversiones que han ayudado mucho a dinamizar el sector de la construcción. Pero comienza a notarse una cierta ralentización en el ritmo de crecimiento.
P Anteproyecto de ley de Urbanismo del Govern. ¿Qué opinión le merece?
R A nosotros nos sorprendió. Se nos llamó a participar en lo que se nos explicó como una modificación de la ley de ordenación y usos del suelo que fue aprobada en 2014. Se nos invitó a las mesas técnicas, y al acabar nos encontremos con un anteproyecto de ley de nombre diferente. Se nos dijo que se apostaba por la simplificación administrativa y tras analizarlo lo que nos hemos encontrado es con una mayor administrativización. Una ley básica urbanística debería de estar hecha pensando en el ciudadano, y el anteproyecto tiene mucho de pensar más en la propia Administración.
P En ese anteproyecto se pone fin a la regularización de las construcciones ilegales, en contra de lo que fijo el anterior Govern. ¿De qué lado están?
R Son dos posturas polarizadas. Pero para empezar habría que plantear qué se entiende por ilegal. Muchas veces no se conseguía la licencia por la propia inactividad de la Administración. Yo diferenciaría entre los inmuebles que se construyeron contra las normas, que en ese caso se trata de obras claramente ilegales, de aquellos que se hicieron en ausenciade normas o con aquiescencia de la Administración. Dejar a éstos últimos fuera de ordenación es crear limbos jurídicos, y sirve de muy poco porque esas edificaciones no se van a caer.
P El anteproyecto prevé sanciones para las autoridades o cargos públicos que consientan la indisciplina urbanística. ¿Es un brindis al sol?
R Hay una frase de esta ley que es sangrante. Dice que podrá incurrir en responsabilidad administrativa aquel cargo que permita la caducidad de los expedientes de carácter sancionador de forma masiva y continuada. ¿Que concepto jurídico es masivo y continuado? Eso para mí es poder hacer lo que se quiera. Si un trabajador puede ser despedido por no acudir a su puesto de forma masiva y continuada, pues vaya régimen sancionador.
P Usted ha sido representante del Colegio en la ponencia de patrimonio del Consell, y abogó por el mantenimiento del monolito de sa Feixina. ¿Por qué?
R Formamos parte de la ponencia, y cuando sale un tema controvertido no podemos darle la espalda. Nuestra postura no es política, es profesional. Con criterios estéticos, artísticos, arquitectónicos, nos metemos en un callejón sin salida porque nunca se llegará a un acuerdo. Nuestra postura es que no se le debe de negar la significación histórica a ese monumento, con absoluto respeto a los sentimientos que genera y que no puede regularla Administración. Y ante la duda, hay que apostar más por la protección que por la demolición. No se pueden eliminar todos los elementos que generan sentimientos contrapuestos, y hoy se visitan desde campos de concentración hasta coliseos romanos donde se mataba a esclavos.
P ¿Qué precio ha pagado su Colegio y su gremio durante la crisis?
R La crisis ha sido muy dura, sobre todo para los profesionales colegiados, pero también a nivel interno, con medidas que fueron dolorosas, como una reducción de personal. Por suerte, nos estamos recuperando, y hay colegiados que ya tienen mucho trabajo. Nuestro objetivo es que estar adscritos al Colegio aporte valor al profesional y a la sociedad, y dar servicio de verdad.
P Usted ha accedido esta semana a la presidencia del Colegio de Aparejadores. ¿Qué objetivos se ha fijado?
R Lo primero es que nuestro planteamiento no es una gestión presidencial, sino que nos hemos presentado como un equipo de profesionales. Tenemos una mezcla de experiencia y de ilusión. Y como equipo, nuestra obsesión es que la gestión sea participativa, que los colegiados colaboren en la vida interna y que a su vez el Colegio participe en todos aquellos ámbitos en los que queremos estar presentes y donde podemos aportar cosas muy positivas a la sociedad, con sentido común y pragmatismo.
