Dolça Mulet, la que fuera consellera de Cultura del Consell en la época que Unió Mallorquina (UM) gobernaba la institución, se ha convertido en la última dirigente de este partido en confesarse culpable de un delito relacionado con la corrupción. La expolítica reconoció ayer ser culpable de un delito de prevaricación, en concurso con otro de fraude a la administración, relacionados con las subvenciones que otorgó desde su cargo público

De hecho, la pena se sustituirá por una multa de 3.600 euros. Además, también se la inhabilita para que en un período de cuatro años no pueda ejercer ningún cargo público de conseller insular, director insular o cargo de libre designación. Sin embargo, puede mantener su plaza de funcionaria pública en el Consell, desde donde realizaba su actividad corrupta.

Hasta que el caso Ayudas ha terminado en una sentencia condenatoria, esta investigación ha rodado durante once años en el juzgado. Este largo tiempo en llegar a juicio ha justificado que la fiscalía Anticorrupción aplique una atenuante de dilaciones indebidas, de la que se han beneficiado los acusados, que se han visto recompensados con penas de prisión muy inferiores a las que se pedían inicialmente. Los doce se confesaron culpables, bien de fraude o de prevaricación. Todos serán condenados a penas de seis meses de prisión, pero si pagan una multa ninguno tendrá que ingresar. El tribunal, a petición del fiscal, fija un periodo de tres años para que se suspenda el ingreso, de tal forma que si durante este tiempo no vuelven a delinquir, ninguno de los acusados irá a prisión. Además de rebajar de forma considerable las penas, la fiscalía también ha renunciado a reclamar la responsabilidad civil, inicialmente calculada en un millón de euros.

Además de Mulet, el otro cargo público que ha sido condenado es Joan Josep Mas Roig, que ocupó el cargo de director insular de patrimonio histórico del Consell.

Reparto de subvenciones

La sentencia declarará probado que los dos políticos del Consell se dedicaron a repartir subvenciones públicas a entidades que encabezaban militantes de Unió Mallorquina. Para poder acceder al dinero se crearon una serie de asociaciones, con personas próximas al partido, que consiguieron ayudas públicas incluso antes de que comenzaran sus actividades. Se trata de la Associació d'Activitats Socioculturals; la Associació per la conservació i difusió del Patrimoni; la Associació de Societats de Caçadors; y la Associació Agrícola i Ramadera Fora Vila. Las cuatro fueron recibiendo fondos públicos, por casi un millón de euros.