El juez Manuel Penalva, que instruye la causa sobre la trama policial, ha rechazado que tres de los investigados se sometan a un análisis de cabello para comprobar si han consumido o no cocaína. En concreto, los imputados que pidieron someterse a esta prueba fueron el diputado y concejal del PP, Álvaro Gijón; el exjefe de la Policía Local, Antonio Vera; y el ejecutivo del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, en estos momentos en prisión.

Los tres investigados habían solicitado dicha prueba para demostrar que los dos últimos testigos que han declarado, después de que se levantara el secreto de sumario, que habían consumido droga. En concreto, a Gijón y a Vera es la mujer que regentaba un club de alterne quien asegura que presenció como los dos consumían cocaína. En cambio, a Sbert es el otro testigo, un antiguo trabajador de la discoteca Tito's, quien asegura que consumía droga.

El juez considera que una prueba para analizar un cabello tiene como objetivo demostrar la adicción de un imputado, para conseguir una atenuante. Sin embargo, en el presente caso no es este el objetivo. Lo que se pretende es demostrar que no son cocainómanos, situación que considera el instructor que no tiene ninguna justificación, entre otras cosas, porque en ningún momento los testigos señalan las fechas en las que se habrían producido estos consumos de droga.

El magistrado también ha rechazado declarar la nulidad del interrogatorio que se celebró la pasada semana -con la presencia de todos los abogados- de los dos testigos protegidos, que han sido víctimas de agresiones o de amenazas. Las defensas habían considerado que se trataba de un acto nulo, por cuanto la mayor parte de la causa está secreta y entendían que, al no tener acceso a toda la información, se estaba produciendo una situación de indefensión. Penalva considera que esta indefensión no existe, dado que se facilitó a las partes todas las declaraciones, tanto judiciales, como policiales, de los dos detenidos.

En su resolución el magistrado vuelve a denunciar los episodios de amenazas que han sufrido los testigos, así como las dificultades que están teniendo los investigadores para encontrar a nuevas personas dispuestas a declarar y a colaborar en la causa. De hecho, el magistrado anunció públicamente a los abogados que no pondría en peligro a ningún testigo, por los episodios violentos que se han producido tras decidir colaborar con la investigación. Uno de los testigos fue hace pocas fechas agredido en la puerta de su domicilio por dos individuos a los que la Policía sigue buscando.

La testigo que ha aportado más detalles al caso ha sido la mujer que regentaba un piso de alterne en el que, según ella, acudían José María Rodríguez y Álvaro Gijón a mantener relaciones sexuales con prostitutas. Estos servicios sexuales los habría abonado, según su declaración, el empresario Bartolomé Cursach, que se los pagaba en persona.

Gijón ha negado las graves acusaciones y mantiene que esta testigo miente, ya que no ha estado nunca con prostitutas.