El debate viró hacia el terreno social y político por la tarde, cuando se celebraron las dos últimas mesas de la 'Jornada sobre el Impacto de las Plataformas de Alojamiento Turístico' que celebró la UIB en el edificio de sa Riera.

"Mallorca es una probeta de ensayo para el estudio turístico porque al ser una isla controlamos entradas y salidas", reflexionó Macià Blázquez, profesor de Geografía de la UIB, durante el coloquio dirigido a valorar el impacto social y territorial del alquiler vacacional. "La 'turistificación' ha convertido las plazas en terrazas de bares. Estamos en un proceso de mercantilización de la vivienda para usos turísticos que tiene componente de clase. Quien tiene la propiedad del inmueble y puede alquilar o compartir, tiene un tesoro; el que no, resulta desfavorecido", argumentó el profesor.

En el polo opuesto se situó Ana María Ramírez, presidenta de la asociación de anfitriones VEAN de Sevilla. "El 'Home-Sharing' ha permitido la supervivencia de personas que se habían quedado viudas o solas. Esta actividad ha empoderado mi vida familiar y económica. Me sentía presa de la inestabilidad por culpa de trabajos precarios. No había forma de llegar a fin de mes, hasta que reparé en que tenía dos habitaciones vacías y empecé con esta práctica", explicó Ramírez, quien lanzó un dardo contra los hoteleros: "Dicen que quieren acabar con algunas camas ilegales. En realidad quieren acabar con el sustento de muchas familias que sin el 'Homesharing' se irían a la quiebra".

Vicent Torres, presidente del Consell d'Eivissa, explicó la problemática de una isla que sufre con mucha intensidad los efectos del alquiler vacacional. "Calculamos que 50.000 plazas se están comercializando como turísticas sin la oportuna autorización. El problema principal es que todo esto provoca inestabilidad social. Hay mano de obra de fuera que no encuentra alojamientos asequibles. El parque residencial ha pasado a destinarse a uso turístico", afirmó Torres, quien reclamó "regularizar para normalizar".

En este sentido, el presidente del Consell d'Eivissa reclamó a las plataformas que "velen por la legalidad de lo que comercializan".

La jornada terminó con la ponencia entre políticos de distinto signo en el que se evidenciaron posturas enfrentadas.