La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, pidió ayer a los partidos del Pacto que retiren la ley para las corridas de toros a la balear, en la que se regula estos espectáculos taurinos prohibiendo la sangre y la muerte del animal, después del aviso del Gobierno central sobre la posible "inconstitucionalidad" de nueve de los catorce artículos de la propuesta que se está tramitando en el Parlament.

"Es el peligro de legislar sin saber de lo que se legisla", dijo Prohens quien resaltó que con esta ley no solo se regulan los espectáculos taurinos, sino que también afectará a actividades como "el tiro al pichón", por ejemplo. "Qué pasará con las ferias agrícolas o las matanzas y dónde se quiere poner el límite del maltrato animal?", se preguntó Prohens para quien la propuesta del Pacto es "una ley ridícula que sólo pretende burlar la Constitución".

Los partidos del Pacto dejaron ayer claro que seguirán adelante con la iniciativa y que, salvo cuestiones menores no relacionadas con el aviso del Gobierno central, no modificarán el texto en las medidas más contundentes. "Tenemos base jurídica para rebatir uno a uno todos los argumentos del Gobierno central", dijo Margalida Capellà, de Més, quien aseguró que al Pacto no le ha "sorprendido" la reacción del Gobierno central. Capellà sostuvo que la propuesta de PSIB, Podemos y Més cumple con la legislación y con la sentencia del Constitucional que anuló la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, además de con "la normativa europea" en cuestiones como la del transporte de animales.

En el mismo sentido se expresó Carlos Saura, de Podemos, que calificó de "vergüenza" el aviso del Gobierno central y dejó claro que tendrán a punto la respuesta jurídica si se concreta en un recurso de inconstitucionalidad. "Seguiremos adelante con la ley", aseguró.

Damià Borràs, del PSIB, afirmó que tiene que estudiar con detalle los argumentos del Gobierno central, pero insistió en que la propuesta del Pacto se ciñe a la legislación y a la sentencia del Constitucional sobre el caso de Cataluña.