El anuncio del Govern balear hace más de un mes de un plan para investigar pisos de protección oficial en busca de ilegalidades derivadas del alquiler turístico no se ha concretado todavía en ninguna inspección. La conselleria de Vivienda trabaja en la elaboración de una lista para refinar al máximo la búsqueda ante la imposibilidad de enviar inspectores a las ocho mil viviendas protegidas que se levantan por toda la isla. La idea es actuar conjuntamente con la conselleria de Turismo, que no movilizará a sus efectivos hasta no recibir ese listado.

Vivienda ha pedido información censal a todos los ayuntamientos de la isla en los que se levanta vivienda pública para tratar de seleccionar los inmuebles más proclives a abrir sus puertas a turistas. De este modo, se descartará investigar pisos en los que el censo se haya mantenido estable en los últimos años.

También se aplicarán criterios de ubicación. Ante la escasez de medios, la conselleria que dirige Marc Pons obviará los apartamentos situados lejos de la costa o que se consideren poco atractivos para el alquiler turístico.

Pons anunció un plan de inspección de viviendas públicas el pasado 9 de mayo, poco después del escándalo provocado por la comercialización de tres pisos protegidos de sa Gerreria que desveló este diario. "Éramos conscientes de que podían haber infracciones en viviendas de compraventa privada a precio tasado. Pero lo teníamos detectado particularmente en Eivissa. Hace un mes y medio anunciamos que este verano lanzaríamos un plan de inspección sobre las viviendas de protección oficial que tienen esta calificación en Eivissa. Si hubiésemos sabido esto [en referencia a los casos de sa Gerreria] también hubiéramos hecho un planteamiento aquí", afirmó el conseller socialista.

Los inspectores de Vivienda y Turismo se centrarán en Palma y en las zonas costeras ante la imposibilidad de llegar a todos los inmuebles protegidos que todavía tengan calificación de VPO en vigor. El alquiler turístico ilegal está extendido por toda la isla, pero se considera particularmente grave en viviendas protegidas porque solo se pueden vender o alquilar a un precio tasado y con la autorización previa de la conselleria.Propuesta de sanción

Vivienda está a punto de levantar acta de sanción contra los tres pisos públicos de sa Gerreria propiedad de Agopoli Business que se comercializaba en dos portales de Internet por 150 euros la noche. Turismo ya propuso una sanción de 6.000 euros para uno de los apartamentos.