Cuatro especialistas de la Policía Nacional en imagen y sonido atribuyeron ayer a dos abogados juzgados en Palma por presunta desobediencia, Francisco Carvajal y María del Carmen Jiménez, la grabación ilegal de la declaración de la infanta Cristina por el caso Nóos de 8 de febrero de 2014. Por otro lado, Marcial Cuquerella, hermano de la exsecretaria de Iñaki Urdangarin y propietario de la plataforma Wouzee. com, donde se colgó el vídeo ilegal, aseguró que este hecho dañó la imagen de su empresa y ahuyentó a un fondo que pensaba invertir en el proyecto.
El juicio quedó ayer a última hora de la tarde visto para sentencia. La fiscalía mantuvo su petición de un año de cárcel por desobediencia grave para cada uno de los dos abogados acusados.
La declaración de los cuatro peritos de la Policía se hizo por vídeo-conferencia y fue un poco caótica por la obsolescencia de los ordenadores de los juzgados de Palma, cuyos sistemas no pudieron abrir pruebas capitales como unos vídeos incluidos en los peritajes.
Los especialistas indicaron a la magistrada de penal 6 que el vídeo publicado por Wouzee fue editado, porque algunas imágenes estaban giradas (efecto espejo) y había hasta diez planos (tomas) diferentes que fueron enlazados. Los policías mantuvieron que el vídeo se registró con una cámara espía y diminuta que pudo ser introducida en la blindada sala de vistas camuflada en un reloj, bolígrafo, alfiler de corbata o mando a distancia. "No se sacó una cámara reflex y se hizo la grabación a la vista de todos", explicó gráficamente uno de los investigadores.
Las mediciones, análisis y vídeos comparativos realizados en la misma sala de vistas por los peritos de la Policía apuntan a que el vídeo se grabó desde la bancada tres de la derecha, donde, uno junto a otro, se sentaron casi toda la mañana Carvajal y Jiménez, que niegan los cargos.
De hecho en un fragmento del vídeo (que dura 5 minutos y 19 segundos) se vislumbra un trozo de gabardina que podría ser de la letrada acusada. Por la tarde prestaron declaración dos expertos de la Universidad de Málaga contratados como peritos por las defensas. Estos especialistas rebatieron las conclusiones de los peritos de la Policía y apuntaron a funcionarios del juzgado como autores de la grabación. Marcial Cuquerella se desvinculó de la grabación, algo que calificó de delito.
