Por primera vez en treinta años de disputas, quejas y súplicas para lograr del Estado un régimen económico que compense los 8.000 millones de euros que cuestan cada año las desventajas de la insularidad, Baleares tiene desde ayer la receta que nunca tuvo: la materia gris de una detallada batería de medidas a negociar con el Estado y, sobre todo, el músculo del respaldo unánime de una sociedad balear que, esta vez sí, viajará unida a Madrid para reclamar soluciones como bajadas del IVA, inversiones especiales para las islas, subvenciones como las de Canarias para el tráfico de mercancías o un descuento de residente mayor en los enlaces con la península.

Y todo pedido por todos y para todos. Que esa fue ayer la noticia: las islas, con su batiburrillo de sensibilidades insulares muchas veces divergentes, con todos sus partidos políticos tradicionalmente enfrentados y con sus colectivos sociales, económicos y profesionales dados a mirar solo por lo suyo, comparten esta vez objetivos y estrategia. Tanto es así que ante los setenta colectivos, partidos, sindicados, patronales e instituciones sociales y profesionales reunidos, el Govern balear se comprometió a convertir las reivindicaciones de todos en un texto legal que poner sobre la mesa, en la negociación con el Gobierno central de ese régimen compensatorio. Que tiene además una fecha límite de aplicación: la idea compartida por todos los ayer presentes es que el régimen especial se apruebe durante esta legislatura, a la que le quedan dos años justos.

El punto de partida lo han podido leer las últimas semanas en este diario, que ha desgranado la propuesta que es ahora la base de la petición balear. Lo firma el economista José Luis Groizard, que contó en su trabajo con la colaboración de decenas de especialistas. Plantean desde el conocimiento profundo de cada materia ideas que ahora el Govern de Francina Armengol transforma en exigencias de Balears y sus ciudadanos.

Con lo que las islas le pedirán oficialmente a Madrid una rebaja de IVA general del 21 al 15% , mientras el tipo reducido pasa del 10 nacional al 5% en las islas, y al tiempo que se crea una bolsa de inversiones del Estado y se profundiza en el descuento de residente, llevando el 75% de subvención que ya rige los viajes entre islas a las conexiones por mar y aire con la península. También se reclaman becas para los estudiantes que se ven obligados a formarse fuera de sus islas, con el sobrecoste que eso supone, del mismo modo que se plantean de nuevo viejas reivindicaciones largamente ignoradas en Madrid.

Es el caso del transporte de mercancías, paradigma del agravio comparativo: mientras Canarias se beneficia de un 100% de subvención al coste de transporte de todo lo que entra y sale de su archipiélago, Balears tiene una compensación del 60% y limitada a solo algunos productos. El resultado es que el 94% del dinero que dedica el Estado a subvencionar el transporte se va a Canarias, con lo que Balears se queda con 1,7 tristes millones al año. ¿Objetivo? Lo enunciaba el vicepresident del Govern, Biel Barceló: "Queremos tener los mismos costes a la hora de viajar, importar y exportar que otras islas de la UE,y queremos que la insularidad se compense igual dentro del Estado. Queremos lo mismo que Canarias".Energía limpia y barata

Las islas pretenden también dejar de sufrir el castigo que supone los costes extra de la energía, razón por la que se pide un subsidio en el precio de la electricidad y un régimen específico de ventajas para fomentar las renovables, como ya se hace en Canarias. Y lo mismo con el petróleo y sus derivados: los baleares pagan, con diferencia, el combustible antes de impuestos más caro de Europa, algo que supone a los ciudadanos y empresas un esfuerzo de 60 millones extra al año. Y eso es justo lo que quiere el archipiélago: 60 millones con los que acelerar (vía subvenciones) la implantación del coche eléctrico. ¿Objetivo de todo ello? Acabar con la dependencia energética y tener unas islas que vivan de su propia energía limpia.

Las empresas y autónomos también tienen hueco entre las reivindicaciones de las islas, que incorporan las deducciones conseguidas por el Govern Bauzá (PP), en 2015, en aras, según Francina Armengol, de que la propuesta balear incluya a todos. Además, el planteamiento, que podría beneficiar a 90.000 empresas y autónomos de las islas, incorpora ventajas fiscales nuevas, que, de aprobarse, incentivarían la diversificación y modernización turística y servirían para desarrollar el sector náutico o convertir las islas en escenario de cine, por la vía de crear deducciones para la industria audiovisual. También se reivindicarán incentivos a la exportación para industrias tradicionales como las del calzado, la piel, el mueble o la bisutería.

El documento de 23 medidas se cierra con una exigencia pensada para corregir el castigo histórico y sistemático que supone que Balears sea cada año la comunidad en la que menos invierte el Estado. La compensación que se plantea pasa por la creación de un fondo de insularidad, de modo que la inversión por habitante sea, como poco, igual a la que se hace en la media del resto de autonomías, algo que nunca ha ocurrido. Pero hasta ahora Balears no lo había pedido con todas sus voces a la vez.