Un total de 25 casos englobados dentro del ámbito de los delitos de odio entraron en el circuito judicial en 2016 en Balears. Cuatro de ellos, relacionados con discriminación por identidad u orientación sexual. "Esta cifra no refleja la realidad. Hubo procedimientos sobreseídos porque no se pudieron probar o que no llegaron aquí porque no hubo denuncia. Podemos hablar de cientos de supuestos de discriminación que no han llegado o se archivaron", explica José Díaz Cappa, fiscal delegado para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía Superior de Balears.

"Es necesario potenciar las denuncias. Los hay que no denuncian porque no tienen medios, como las personas agredidas por ser pobres. O porque piensan que no va a producir ningún efecto. En cambio, los miembros del colectivo LGBTI tiene más posibilidades y están asociados. Aunque globalmente los delitos de odio han disminuido, han aumentado los relacionados con ataques homofóbicos. Pero es porque están mejor organizados para promover esas denuncias", subraya el fiscal.

Díaz asume las dificultades de los transexuales cuando tratan de acceder al mercado laboral, pero admite la complejidad de demostrar que una empresa ha cometido un delito de discriminación cuando rechaza a un candidato de este colectivo. "Es difícil determinar las razones de esa no contratación. O cuando no les alquilan un piso. Si se puede acreditar que es por su condición de transexual, hay una opción de luchar a través de la normativa penal o laboral. El problema es constatar que la razón única de ese rechazo es la condición de la persona que lo está solicitando", argumenta el jurista.