Familias que se ven obligadas a actuar como okupas para poder acceder a un techo bajo el que cobijarse. Trabajadores temporales que tienen que regresar a la península porque el precio que les piden por un alquiler se come la totalidad del salario que les ofrecen. Personas a las que se les pide una renta en invierno que se duplica en verano si quieren seguir en el inmueble todo el año. Todos estos casos han sido detectados en Mallorca por Càritas, desde la que se denuncia el creciente número de residentes que se ven excluidos de una necesidad tan básica como el acceso a una residencia a causa de la especulación que en la actualidad se da en la isla con el precio de los alquileres, y que la directora de esta organización, Margalida Riutort, no duda en calificar de "brutal".

El resultado de esta situación es que un 26% de las ayudas económicas que Càritas entregó durante el pasado en la isla fueron dirigidos a permitir el acceso a un inmueble o a cubrir los gastos que éste genera, según se pone se refleja en la memoria de actividad de esta organización durante 2016. Su directora se muestra comprensiva con las familias que están recurriendo al alquiler vacacional para intentar equilibrar una situación financiera duramente golpeada durante la crisis, pero rechaza de plano la especulación que otros están protagonizando en relación a este tema, con incrementos en los precios desproporcionados.

Otro aspecto destacado por Riutort es que aunque se aprecia una mayor facilidad para acceder a un empleo, sigue siento muy alto el número de familias que reclaman dinero para poder atender necesidades básicas. El problema, según Margalida Riutort, es que la salida de la crisis se está produciendo sobre salarios muy bajos y además con fuertes aumentos en los gastos, como el mencionado de acceso a una residencia. En este sentido, se señaló que es una "vergüenza" que a lo largo de estos años "los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres".

Durante el pasado año, la cifra de personas atendidas por Càritas Mallorca alcanzó las 7.885, lo que supone un descenso del 17% en relación al ejercicio anterior. Además, las ayudas económicas directas que se entregaron alcanzaron los 638.324 euros, cuando en 2014 y 2015 se habían situado en torno al millón, una reducción que en parte se explica porque se ha intensificado el asesoramiento para que las personas necesitadas puedan acceder a servicios de las Administraciones públicas.

En cualquier caso, se puso de relieve el creciente peso que la mujer tiene en la demanda de ayuda social. Un 61% de las personas atendidas durante 2016 fueron mujeres, en muchas ocasiones al cuidado en solitario de los hijos. Asimismo, desciende el porcentaje de españoles atendidos, que pasan a suponer un 44% del total.