La reforma contra los taxis pirata sale adelante con el apoyo de todos los partidos

El decreto del Govern solo permite a los taxistas captar clientes en la vía pública y eleva las multas a quien opere irregularmente

13.06.2017 | 14:51

El decreto con el que el Govern del Pacte quiere acabar con la acción de taxis pirata y vehículos con chófer que operan de forma irregular en puntos como el aeropuerto ha salido hoy adelante con el apoyo unánime de todos los partidos: 55 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. La reforma incorpora a la normativa medidas para que solo los taxis (a los que por cierto no se cita en ningún punto del decreto) puedan recoger clientes en la vía pública. De hecho, los servicios de transporte con chófer, que están incorporando de forma masiva vehículos a través de empresas y plataformas como Uber y Cabify, solo podrán prestarse a clientes que lo hayan contratado previamente, sin que sea posible para ellos captar viajeros en la calle o en puntos como el aeropuerto. "No podrán captar clientes fuera de las oficinas", ha resumido el conseller de Transportes y Movilidad, Marc Pons, que con este decreto trata de dar respuesta definitiva a una guerra entre transporte legal e ilegal que hace dos semanas degeneró en una batalla campal entre taxistas y chóferes en el aeropuerto, con miles de turistas como testigos.

"Había que establecer nuevas regulaciones urgentes. Estamos ante una temporada turística que se prevé masiva y no podemos dejar pasar más tiempo sin actuar. En este decreto ley se lucha contra el intrusismo y materías que han suscitado problemas muy importantes referidos al transporte público de viajeros por carretera", ha reflexionado el conseller de Transporte, Marc Pons (PSOE). Pons ha recordado que entre las medidas se incluye un nuevo régimen sancionador, en el que figuran por ejemplo multas de hasta 12.000 euros para quien publicite transporte irregular en las islas.

Además, se crea un registro al que deberán incorporarse todos los transportistas que operan en Balears, incluidos los que llegan de otras comunidades para hacer la temporada. "Y será una infracción grave no cumplir los requisitos por vehículos con chófer enviados de otras comunidades autónomas", ha avisado Pons, que presume de que la normativa "es pionera a nivel nacional", y da a los consells "herramientas" para controlar la actividad irregular del transporte pirata para "mejorar la competitividad y la imagen de las islas como destino turístico". Mientras estas medidas se desarrollan, el Govern mantiene desplegados a sus inspectores en el aeropuerto de Palma.

El PP critica "falta de transparencia"

El PP, a través de la diputada Mabel Cabrer, ha votado a favor del decreto, aunque con un matiz: lo hacen por lealtad al sector y a un "Govern que cree necesario una reforma urgente frente a problemas que se están produciendo", pero no están de acuerdo con la forma en que el Ejecutivo autonómico ha llevado las negociaciones ni con el hecho de que se resuelva por decreto. "Usted, señor Pons, ha improvisado un ataque al sector del transporte y lo ha hecho con falta de transparencia, cuando lo que hacia falta era tranquilidad", ha argumentado Cabrer, que recordaba para apuntalar sus críticas a la polémica generada por la creación de rutas de bus desde el aeropuerto a las zonas turísticas, que alzó contra el Govern a las patronales del taxi. "El paro de taxis del otro día y las movilizaciones dejan claro que la situación es grave y los ánimos están soliviantados", concluía Cabrer.


Más transporte público
Desde Podemos, Laura Camargo explicaba que, aunque creen el decreto insuficiente, votan sí para dar soluciones urgentes en plena temporada turística, para la que habrá nuevos récords de coches y saturación. Por todo ello, Camargo pedía al Govern una nueva Ley de Movilidad, que después del verano impulse el transporte público, con el tren como eje, en el caso de Mallorca.

"El número de usuarios del transporte público ha bajado en un porcentaje que nos debería hacer reflexionar y esperamos que el conseller Pons haga trabajo para corregirlo. Los usuarios del metro han caído un 25% en el mes de abril, el mayor descenso del Estado, y también ha bajado el uso del autobús, algo que creemos que responde a que el servicio público se ha de mejorar", apuntaba Camargo, que animaba al Govern a implantar más medidas contra "el intrusismo" y "contra las multinacionales buitre que controlan los touroperadores" y se están haciendo con el control del transporte por carreteras. "Apoyamos este decreto, pero creemos que se queda corto para afrontar los problemas de movilidad en esta comunidad. Tenemos un problema de conectividad y frecuencias en las conexiones con los pueblos de las islas, como nos dicen ellos mismos. Hay que consensuar por ello un gran plan de movilidad que tenga como eje vertebrador la red ferroviaria, en el caso de Mallorca", abundaba Camargo.

"Vamos a por estos mafiosos", dice El Pi

En la misma línea se expresaba Jaume Font, portavoz de El Pi, que pedía una ley y un debate más amplio, no una mera regulación por decreto. También exigía contundencia contra la actividad irregular en el transporte. "Estos mafioso deben saber que vamos a por ellos porque están comprometiendo la vida de personas del taxi y el transporte que intentan salir adelante, a los que les cuesta mucho pagar los impuestos y sacar la hipoteca de toda una vida", alanceaba Jaume Font.

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