El departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat ha emitido hoy un comunicado en el que carga contra el rector, Llorenç Huguet, y contra el conseller de Educación, Martí March, por haber cambiado la política lingüística en las pruebas de Selectividad, con la nueva posibilidad para los alumnos de tener una copia de los exámenes en castellano si así lo pedían en vez de en catalán como se entrega por defecto (luego los estudiantes pueden contestar en la lengua que quieran). Este cambio, siguiendo lo que hacen en las otras comunidades con dos lenguas oficiales, se introdujo por primera vez en las pruebas de acceso a la universidad que se celebraron la semana pasada y motivó la renuncia de cuatro profesores miembros del tribunal evaluador.

Hoy, un día después de la toma de posesión de Huguet, este departamento de la facultad de Filosofía y Letras ha remitido una nota en la que tacha de "injustificado y grave error" esta modificación ya que hasta ahora las pruebas se han desarrollado con normalidad todos estos años, facilitando la copia en castellano únicamente a los alumnos que están exentos de estudiar catalán.

"Excepto estos estudiantes, todos los que se presentan a las pruebas se han de examinar de Lengua Catalana, por tanto, y ya que pueden elegir en qué lengua responden, no les puede suponer ninguna dificultad que los enunciados estén en catalán", aseguran los miembros de este departamento, "todos ellos tienen reconocidos un nivel B2 de esta lengua", añaden. A su entender, pensar lo contrario "es dar por hecho que los alumnos que acaban Bachillerato son incompetentes en la compresión de la lengua catalana, propia de Baleares".

El departamento sostiene que la decisión "fomenta la sensación de que los conocimientos de lengua catalana pertenecen al ámbito de los conocimientos prescindibles y devalúa los objetivos del sistema educativo preuniversitario y los esfuerzos de los docentes".

Los profesores de Filología Catalana creen que dar la opción de tener las pruebas en castellano significa "un retroceso en el proceso de normalización lingüística" que la UIB debe promover según sus estatutos: "Se opone a los procedimientos propios de una planificación lingüística orientada a hacer compatible la coexistencia de las lenguas territoriales con las de carácter global". Lamentan que se deja de aplicar el principio que establece que "no se ha de hacer en otra lengua lo que es suficiente hacer en la lengua territorial propia" y consideran que "no se respeta el criterio de distribicuón de funciones complementarias entre las lenguas locales y las gobales, con la finalidad de hacer usos complementarios y no competitivos".

Por último, estos docentes denuncian que el cambio "se ha impuesto" por voluntad del rector y del conseller, sin cumplir con el trámite consultivo previsto en el Estatut d'Autonomia y sin contestar al escrito presentado en mayo por la comisión técnica de asesoría lingüística de este departamento.