Pedro Horrach, el exfiscal Anticorrupción, ha renunciado a seguir interviniendo como abogado de la defensa en el llamado caso Cursach, tras aceptar el consejo del Colegio de Abogados. Sin embargo, esta renuncia no evitará que la institución que representa a todos los letrados de las islas no vaya a analizar su actuación en este caso, sobre todo después de que el juez Penalva, instructor de la investigación, enviará un oficio pidiendo que se investigara el papel de Horrach por si existía una posible incompatibilidad con su anterior ejercicio como fiscal. El juez Penalva envió al Colegio las declaraciones de cuatro testigos que aseguraron que se habían entrevistado con Horrach cuando era fiscal, proporcionándole información sobre los negocios de Cursach en Calvià.
Conflicto de intereses
Fuentes de la institución han señalado que la documentación enviada por el juez ya está sobre la mesa de la Comisión Deontológica del Colegio, que es la encargada de analizar, ante un conflicto de intereses, la actuación de los colegiados. El hecho de que Horrach haya decidido voluntariamente abandonar el caso no es causa suficiente para que dicha comisión no inicie un expediente informativo y nombre a un instructor y a un secretario para su tramitación. Dicho instructor será el encargado de analizar en profundidad los documentos que le han enviado desde el juzgado y adoptará una decisión después de haber escuchado los argumentos de descargo que pueda presentar el exfiscal.
Aunque son habituales los conflictos de intereses entre abogados que se analizan en esta comisión, es la primera vez que se actúa contra un letrado por su anterior etapa como fiscal. La Comisión Deontológica no tiene capacidad de sancionar. Se limita a presentar una propuesta a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que pueda aceptarla o rechazarla.
Entre las responsabilidades de dicha comisión está analizar la actuación procesal de Horrach en el caso Cursach. El exfiscal defendía al político que fue nombrado director general del área de comercio del Ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, que está acusado de beneficiar los intereses económicos del Grupo Cursach, retrasando la revisión de la licencia de la discoteca BCM. Horrach presentó una querella contra varios altos cargos del Ayuntamiento de Calvià, incluyendo al alcalde, afirmando que son los responsables de una maniobra para perjudicar a su cliente.
Nadal, que fue detenido por la Policía, manifestó al juez Penalva su deseo de que le defendiera Horrach, a pesar de que se planteó la posibilidad de que incurriera en causa de incompatibilidad.
