El ministerio de Economía y Competitividad ha enviado al Govern un informe contrario al proyecto de Ley de alquiler turístico en el que cuestiona la posibilidad de establecer un techo de plazas o la facultad de los consells insulars de fijar zonas en las que se pueda llevar a cabo esta actividad, entre otras medidas de la Ley.

El informe advierte de que "las restricciones que se introducen deben ser en todo caso compatibles con el principio de libertad de empresa" que contempla la Constitución y con la directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, abriendo asi la puerta a un posible recurso de inconstitucionalidad si se aprueba definitivamente la Ley.

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, ha dejado claro que el Ejecutivo balear seguirá adelante con la Ley y ha afirmado que los argumentos del Gobierno central "no tienen ni pies ni cabeza", ya que incluso cuestiona las competencias de los consells que contempla el Estatut. Para Barceló se trata de un ataque "al autogobierno" de Balears por parte del Gobierno de Rajoy.

A este informe se une el anuncio de reclamación por parte del Estado de "14 millones de euros más los intereses de demora" de los 20 millones que aportó para inversiones en la Playa de Palma, una petición que Barceló dejó claro que el Govern recurrirá. El vicepresidente ha resaltado que el informe contra la ley de alquiler turístico, la reclamación de los 14 millones y el pronunciamiento del Gobierno central en contra del acuerdo del Parlament de proteger el Mediterráneo de prospecciones petrolíferas forman parte del mismo "paquete" que supone una "ofensiva del Estado contra nuestro autogobierno"