El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltran, pidió ayer a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que el Ejecutivo realice un censo de viviendas vacías en las islas y que introduzca más medidas en el proyecto de Ley de Vivienda que se tramita en el Parlament, entre ellas las de introducir prioridades para proteger ante posibles desahucios a colectivos vulnerables como las víctimas de violencia de género y mujeres que forman familias monoparentales y que también tienen más riesgo de ser desalojadas.
Según explicó Beltrán tras reunirse en el Consolat de Mar con Armengol y la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, en estas cuestiones el Govern se mostró favorable y se comprometió a realizar el censo de viviendas vacías. Sin embargo, fue más reticente a la petición de que la futura Ley balear reconozca la posibilidad de acudir al amparo de un juez si no tiene alternativa habitacional. En este sentido, Beltrán defendió que la Ley debería contemplar la posibilidad de que, en caso de desahucio, si el afectado no tiene alternativa habitacional y la administración no se la ofrece, pueda reclamarla en los tribunales, dado que el acceso la vivienda es un derecho. El director de AI explicó que el Govern ve dificultades para incluir esta medida en la Ley de manera contundente, aunque prometió estudiar esta posibilidad. Antes de reunirse con Armengol, junto a representantes de AI en Balears, Beltrán celebró un encuentro con diputados de Balears en el Parlament a los que planteó las mismas cuestiones.
Derechos humanos
Por otro lado, en declaraciones a Diario de Mallorca, Beltrán mostró su "preocupación" por la intención de la 'premier' conservadora británica Theresa May de recortar derechos humanos para luchar contra el terrorismo, una deriva que han seguido otros países. "La tendencia europea es muy preocupante, sólo hay que mirar que en los últimos años en 14 países europeos se han restringido derechos humanos en aras de combatir supuestamente el terrorismo", dijo incidiendo que por esta vía "no aumenta la seguridad, sino solo la inestabilidad y la alarma social".
En el caso de España, resaltó que ninguno de los cuatro grandes partidos "tiene un discurso xenófobo ni racista, lo cual es muy importante", pero existe una legislación, como la Ley de Seguridad Ciudadana, que es "una amenaza" a los derechos humanos. "Dar más poder a la policía, sin una adecuada rendición de cuentas, y apartar de la vigilancia a los jueces supone iniciar el mismo camino que otros países", advirtió Beltrán.
