La Intervención General del Govern detectó nueve fraccionamientos en contratos menores de la conselleria de Agricultura, Territorio y Medio Ambiente en 2014, siendo conseller el actual presidente del Partido Popular, Biel Company. El órgano de fiscalización económica concluye la existencia de varios contratos menores con el mismo objeto o al mismo adjudicatario en un plazo inferior a seis meses, lo que prohíbe expresamente la ley de contratación pública: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".
La vulneración de la normativa fue detectada en un control aleatorio de los interventores de la Comunidad Autónoma, fechado en 2016, sobre contratos menores con un mismo objeto o a un mismo adjudicatario realizados en 2014 por la entonces Conselleria de Biel Company. El órgano de fiscalización concluye que hubo nueve fraccionamientos mediante "la contratación de sucesivos contratos menores".
Estos fraccionamientos son a los que hizo referencia el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, el pasado martes en el pleno del Parlament, ante la petición de dimisión del PP por los contratos a dedo desde conselleries de Més a su jefe de campaña. Barceló reprochó al diputado y exconseller del Govern Bauzá, Antonio Gómez, que dijera que el fraccionamiento "es algo gravísimo" mientras que, según denunció, tanto Gómez como el actual líder del PP, Biel Company, también los utilizaron en su etapa en el Ejecutivo.
Según se desprende del informe de Intervención, el fraccionamiento de estos contratos afecta a un importe de cerca de medio millón: 480.730 euros, para ser exactos. Estas adjudicaciones son principalmente de suministros, como combustible o tinta de impresora; compra de material, como microscopios, tacógrafos, fotocopiadoras y piezas de equipos de medición de calidad del aire, y viajes.
No obstante, de entre ellos destacan, por 174 mil euros, cuatro contrataciones para el mantenimiento de distintos torrentes. En este caso, como sucede en otros de los analizados, Intervención señala que "aunque de manera aislada, cada uno de los contratos analizados podrían constituir una unidad funcional, existe una necesidad previsible que se mantiene en el tiempo". "Es posible concretar con antelación las necesidades de realización de obras de distintos torrentes", detalla el informe, "para utilizar cualquier mecanismo de la normativa de contratación", zanja Intervención.
El informe recuerda que la ley de contratación pública "prohíbe expresamente el fraccionamiento ilícito del objeto del contrato" y que, en ella, "figura el principio de eficiencia en el uso de los fondos públicos, lo que exige una definición previa de las necesidades a satisfacer y la elección de la oferta más ventajosa".
La exconsellera de Cultura de Més Ruth Mateu dimitió, precisamente, después de revelar este diario el fraccionamiento del pago de 43.000 euros para un mismo estudio sobre hábitos culturales.
