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Corrupción

La familia de Maximilià Morales pide que se levante el embargo

El expresident del Parlament, fallecido en abril, tiene todo su patrimonio bloqueado por una causa de corrupción

Maximilià Morales, derecha, con su abogado Gabriel Garcías Miquel Massutí

La familia del expresident del Parlament por Unió Mallorquina (UM) Maximilià Morales, fallecido el pasado abril, ha reclamado al juez Antoni Rotger que levante el embargo total de la fortuna del desaparecido político, que tenía un juicio pendiente por presunta corrupción en relación al polígono industrial de Son Oms.

La fiscalía anticorrupción reclamaba para Morales una pena de cinco años de cárcel y una multa de 2,5 millones de euros como supuesto autor de varios delitos relacionados con la promoción del polígono de Son Oms.

El juzgado de instrucción 2 de Palma procedió al embargo de todo el patrimonio de Morales. Entre los bienes incautados está un fondo de inversiones, cuentas corrientes e inmuebles.

En el mismo sumario están acusados la expresidenta de UM Maria Antònia Munar y Bartomeu Vicens, exconseller del Consell Insular de Mallorca.

Extinción de responsabilidad

Gabriel Garcías, defensor del también fallecido exvicepresidente del Consell, ha presentado en el juzgado un escrito solicitando la total extinción de responsabilidad de su representado. Garcías pide que se declare extinta la responsabilidad penal en virtud de lo dispuesto en el Código Penal y que esa resolución tenga efectos respecto a la posible responsabilidad civil del fallecido.

La petición ha sido trasladada a la fiscalía anticorrupción para que emita un informe al respecto.

El caso ha planteado dudas sobre si los herederos de Morales pueden ser declarados responsables civiles en este caso, aunque su familiar haya muerto y no vaya a ser juzgado junto a los otros acusados.

Morales siempre defendió que su inocencia en este sumario, que se abrió en 2007 (con unas diligencias informativas de la fiscalía anticorrupción) y que ha dado lugar a otros casos como Maquillaje.

Maria Antònia Munar volverá a afrontar un nuevo juicio en el que la fiscalía Anticorrupción le reclama seis años de cárcel por su implicación en el llamado caso Son Oms, uno de los primeros escándalos judiciales que afectaron a Unió Mallorquina. La hoy reclusa de la cárcel de Palma, que ya ha sido condenada en cuatro ocasiones, se sentará en el banquillo con una nueva acusación por blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias, todo ello por haber conseguido desde la sombra que unas fincas rústicas se convirtieran en solar industrial, lo que disparó el valor de estos terrenos. A cambio de ello, según el fiscal Juan Carrau, Munar recibió una comisión ilegal de 400.000 euros en metálico, que le entregó su colaborador Bartomeu Vicens. Además de la pena de prisión, la acusación le exige a Munar una sanción económica de 4.246.000 euros por los tres delitos que habría cometido.

La fiscalía no acusaba únicamente a Munar de aprovecharse de esta recalificación urbanística. También incluía en su escrito a Maximiliano Morales, al que fuera presidente del Parlament por UM y, por tanto, segunda autoridad política de Balears. Anticorrupción le imputaba un delito de blanqueo de capitales y le reclamaba por ello cinco años de cárcel y una multa de 2.746.000 euros.

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